Proceso extraordinario

Las entidades sociales aplauden la regularización de inmigrantes con la vista puesta en el BOE

El Tercer Sector celebra la ampliación del plazo para tramitar los certificados de antecedentes penales al tiempo que expresa sus dudas sobre los certificados de vulnerabilidad que deben emitir

El Govern se prepara para atender las solicitudes de la regularización extraordinaria

Proliferan los fraudes a la espera de la aprobación de la regularización de inmigrantes: asesorías por cientos de euros

Fuera del Consulado de Pakistán el 29 de enero de 2026, esperan cientos de ciudadanos para obtener documentos con el fin de regularizar su situación en España. Las filas se dan luego del anuncio del pacto entre el Gobierno y Podemos para la regularización de medio millón de migrantes que llegaron a España hasta 2025 / Bárbara Favant / EPC

Las entidades sociales están llamadas a tener un papel fundamental en el proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes que se ha aprobado este martes en el Consejo de Ministros. No solo por el trabajo de difusión de la medida entre las personas migradas con las que suelen colaborar y trabajar, sino también porque el Gobierno ha decidido que estas organizaciones podrán hacer de intermediarias y presentar las solicitudes de las personas que opten a regularizar su situación administrativa en España. En general, el Tercer Sector celebra que se haya aprobado una medida que ven "imprescincible" aunque están preocupadas por el "poco tiempo disponible, la acreditación de los requisitos que pide el proceso y la complejidad de los trámites". De hecho, están a la espera de conocer la letra pequeña del texto, que se publicará este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

En un comunicado, la Taula d'Entitats del Tercer Sector reclama "información clara, trámites sencillos, garantia de atención presencial y recursos suficientes desde el primer día" y lamenta que "todavía no se han puesto a disposición del tercer sector recursos extraordinarios y bien dimensiones para dar respuesta al aumento de la demanda. En este sentido, han pedido "más coordinación con las administraciones públicas". En la misma línea se pronuncian las Entitats Catalanes d'Acció Social (ECAS) y la Fundació Eveho.

A la espera del BOE, las entidades celebran que el Gobierno haya anunciado que recurrirá a la vía diplomática en aquellos casos en los que los migrantes no consigan por sus propios medios el certificado de antecedentes penales, requisito imprescindible para la regularización. En estos casos, el Ejecutivo se pondrá en contacto con las legaciones diplomáticas en España de los países de los solicitantes. Asimismo, el decreto da margen hasta octubre para poder acceder a este certificado. "Muchas veces será más fácil que se contesten entre administraciones", valora la responsable de movilidad humana de Càritas Barcelona, Elisabet Ureña. "Ahora hay un margen de maniobra más grande", aplaude también la Fundación Eveho.

Para Ureña, sin embargo, todavía quedan pendiente resolver algunos interrogantes. Por un lado, qué deberá contener el certificado de vulnerabilidad que las entidades deben emitir excepcionalmente para las personas a las que asesoran. Se trata de un documento necesario para poder acceder a la regularización en el caso de no poder acreditar algún tipo de contrato de trabajo informal.

También preocupa a la responsable de Càritas Barcelona los puntos físicos en los que podrán presentarse los documentos para acceder a la regularización. Hasta ahora, solo ha trascendido que se habilitarán algunas oficinas de Correos, de la Seguridad Social y de las delegaciones y subdelegaciones de Gobierno. Aunque, tal como ha detallado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, "no lo serán todas" y solo podrá accederse con una cita previa que se conseguirá a través de la web de su ministerio. "La Administración tiene que garantizar que las personas interesadas puedan ir autónomamente hasta estos lugares, por mucho que se haya habilitado a las entidades sociales a hacerlo en su nombre", defiende Ureña. Saiz ha asegurado que en los próximos días se podrán consultar estas sedes presenciales.

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Otra de las preocupaciones de las entidades guarda relación con las estafas. Temen que el proceso haga proliferar engaños y ofertas fradulentas de asesoramiento. "Se están abriendo muchos mercados en paralelo de personas que realmente no tienen tanto conocimiento como dicen en términos de extranjería, que inflan precios y asesoran a la gente como si ya supiesen cuál es la documentación que será necesaria", denuncia Ureña. "Se genera un terreno fértil para todas esas personas que se pueden nutrir de la necesidad de otros", lamenta Kautar Loukaini, de la Fundació Eveho. En Catalunya las entidades han planteado al Govern fijar un precio público y unificado de los servicios de asesoría para evitar aumentos ilícitos.

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