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El Govern impulsa dos programas piloto para reducir el número de menores bajo tutela

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14.04.2026

El Govern impulsa dos programas piloto para reducir el número de menores bajo tutela en Catalunya

La consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, ha anunciado una serie de diez medidas en el marco de la reforma de la DGPPIA

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Oficinas de la DGPPIA, en Barcelona. / Zowy Voeten / EPC

La Direcció General de Prevenció i Protecció de la Infància i l’Adolescència (DGPPIA) –la antigua DGAIA– intensificará el trabajo junto a las familias atendidas por sus equipos para agotar las opciones antes de que los menores pasen a ser tutelados por la Generalitat. Para ello, tal como ha anunciado este martes la consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, ya se está trabajando en dos programas diferentes para reconducir las situaciones propensas a las declaraciones de desamparo –aquellas en las que la DGPPIA considera que no es seguro que el menor se quede con sus padres– y reducir el número de niños, niñas y adolescentes que permanecen bajo responsabilidad de la Administración. Los últimos datos, del mes de febrero, detallan que al menos 8.724 niños estaban bajo responsabilidad de algún modo u otro de la Generalitat. El departament también trabaja en otras ocho medidas en el marco de la reforma profunda del sistema de protección de menores que empezó hace casi un año, cuando salió a la luz el caso de una niña de 12 años bajo guarda de la DGAIA que fue explotada sexualmente por un hombre de 45 años.

La conselleria intensificará la relación con familias vulnerables para evitar que sus hijos pasen a estar tutelados

La conselleria intensificará la relación con familias vulnerables para evitar que sus hijos pasen a estar tutelados

En concreto, tal y como ha detallado la consellera en respuesta a una interpelación del Partido Popular, la renovada DGPPIA trabaja en los proyectos ‘Famílies Resilients’ y ‘Llars Segures’. El primero, impulsado como plan piloto en Reus y Sant Boi de Llobregat por el Institut del Treball i els Serveis Socials (INTRESS), trabaja con familias en las que el riesgo de desamparo detectado en la familia es leve. El programa trabaja directamente en las casas de las familias implicadas y ofrece una intervención intensiva para tratar de inculcar en los progenitores la necesidad de centrarse en el interés superior de sus hijos.

El segundo programa, ‘Llars Segures’, está destinado a casos más graves, en los que el riesgo de que se declare la situación de desamparo para algunos de los menores es grave. Se trata también de una prueba piloto que impulsa la oenegé Save the Children y que de momento se lleva a cabo en Sabadell y Terrassa. En este caso, las familias implicadas ya están atendidas habitualmente por los equipos de la DGPPIA, por lo que la intervención todavía es más marcada. Varios equipos de profesionales formados en traumaterapia por la oenegé EXIL –especializada en esas terapias– y trabajan a la vez en las casas de las familias implicadas al menos cuatro veces por semana. Una vez finalizados los planes piloto, ambos programas serán evaluados y, si se garantiza su éxito, exportados al resto de Catalunya.

En su respuesta a la diputada Lorena Roldán, que ha criticado que el Govern tardara unos nueve meses en activar el protocolo de abusos en el caso de la menor víctima de una red de pederastia, la consellera también ha anunciado otras ocho medidas que pretenden afianzar la renovación del sistema de protección de menores. En concreto, ha anunciado que se está trabajando en una nueva herramienta de filtrado para determinar si un menor está en riesgo o no. Hasta ahora, según ha recordado Martínez Bravo, Catalunya no disponía de un instrumento único para llevar a cabo estos cribados, a diferencia de otras comunidades autónomas.

La consellera también ha recordado que el nuevo contrato programa con los ayuntamientos prevé un aumento de ocho millones de euros en el presupuesto de los Servicios de Intervención Socioeducativa (SIS), que atienden a familias en riesgo. También se reforzarán los equipos básicos de Infancia y Adolescencia (EAIA) con 10 millones de euros y con una formación jurídica específica para aumentar las garantías en los procesos de desamparo.

Con esta misma intención, y tal como avanzó EL PERIÓDICO, las familias inmersas en un proceso de desamparo pueden acceder de forma gratuita a una asistencia jurídica desde el pasado 1 de enero. Además, las sesiones que se dan entre los equipos de la DGPPIA –últimos encargados de la decisión de retirar la custodia a los padres– con las familias serán grabadas para poder garantizar la seguridad jurídica de todos los implicados. Además, y a diferencia de como se venía haciendo hasta ahora, se está trabajando para que esta decisión sobre la custodia de los menores no recaiga únicamente sobre estos equipos, sino sobre una comisión independiente de la que formarán parte expertos externos a la DGPPIA como abogados.

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También se trabaja en otros proyectos piloto para los menores que, inevitablemente, ya han tenido que ser realojados en algunos de los centros residenciales de la DGPPIA y, por último, se está ultimando el nombramiento de una procuradora de la infancia. Se trata de una figura cuyo trabajo consistirá en velar por la protección de los menores y revisar todos los protocolos que funcionan ahora mismo en el sistema de protección de menores catalán.

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Conselleria de Drets Socials

Mònica Martínez Bravo

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