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Feijóo: "Los papeles de la residencia legal en España no se regalan a nadie"

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14.04.2026

Feijóo: "Los papeles de la residencia legal en España no se regalan a nadie"

El Partido Popular, a través de su portavoz Ester Muñoz, acusa a Pedro Sánchez de usar la regularización masiva de inmigrantes para encubrir presuntos casos de corrupción

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, en la reunión que ha organizado con los diputados de sus grupos parlamentarios para concretar la estrategia de la formación para las próximas semanas. 14 de abril de 2026 / Mariscal / EFE

Mariano Alonso Freire

El Partido Popular (PP) arremete de nuevo con dureza contra el plan de regularización masiva de inmigrantes que este martes se aprobó en el Consejo de Ministros, y al mismo tiempo acusa a Pedro Sánchez de utilizarlo para "tapar su corrupción". Primero, la portavoz del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, Ester Muñoz, contestó en las redes sociales al presidente del Gobierno y a su carta a la ciudadanía publicada para explicar ese proceso.

"No falla. Procesan a su mujer y una nueva cartita. Esta vez usa una regularización masiva contra la voluntad de la mayoría del pueblo Español reflejada en las Cortes Generales. Y contra las recomendaciones de la Unión Europea y el Consejo de Estado. Todo para tapar su corrupción", le espetó Muñoz a Sánchez, en una réplica directa en la red X.

Poco después, el propio Alberto Núñez Feijóo remarcó ese ataque en su discurso ante los diputados y senadores de su partido, reunidos este martes en la Cámara Baja: "Los papeles de la residencia legal en España no se regalan a nadie". El presidente del PP volvió a acusar a Sánchez de haber llevado a cabo un proceso que a su juicio es contrario a los principios de la Unión Europea (UE) y en concreto al Pacto de Inmigración y Asilo comunitario. Tildó de "irresponsable" el plan llevado a cabo por el Ejecutivo, ya que en su opinión "España no puede convertirse en el país donde romper las normas sea más rentable que cumplirlas".

Feijóo, ante sus diputados y senadores, volvió a reclamar una política migratoria "legal, ordenada y que proteja a quienes han llegado a España, y por supuesto que proteja a los españoles". El líder de los conservadores tachó la regularización migratoria del Gobierno de "ilegal, inhumana, injusta e insostenible". Reiterando sus postulados de otras ocasiones, afirmó que el proceso iniciado este martes en el Consejo de Ministros "alienta a las mafias" trasladando la idea, expresó, de que "España es un chollo para las mafias". Y volvió a defender un modelo basado en "mejorar el control de nuestras fronteras", en reforzar los controles de entrada y mejorar igualmente "la tasa de retornos". Todo ello además de "actuar en origen contra el tráfico de seres humanos".

La misma red en la que el presidente de Vox, Santiago Abascal, se pronunció así, en su habitual tono hacia el jefe del Ejecutivo: "Los españoles no han dado permiso para esto. Si los ilegales 'ya forman parte de nuestra vida cotidiana' es sólo porque tú y el PP los habéis dejado entrar contra nuestras leyes y contra nuestros intereses. El pueblo no lo va a perdonar. Más pronto que tarde tendrás que pagarlo".

A diferencia del Partido Popular, que en su día permitió con su voto que se tramitase en el Congreso la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que con 700.000 firmas ciudadanas y el apoyo de muchas instituciones, incluida la Conferencia Episcopal Española (CEE), reclamó esa regularización de los inmigrantes en situación irregular en España, Vox siempre la rechazó visceralmente. El asunto migratorio, por otra parte, ha enfrentado en varias ocasiones a la extrema derecha con la jerarquía episcopal.

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Coincidiendo con la aprobación del plan en el Consejo de Ministros, Vox instaló una carpa informativa este mismo martes frente a la fachada principal del Palacio de Las Cortes, donde como todos los martes da comienzo el pleno semanal, promoviendo el lema "la inmigración masiva tiene consecuencias". Frente a ella, el portavoz adjunto Carlos Hernández Quero reclamó que "las casas que se abran en España tendrán que ser para los españoles y los servicios públicos tendrán que ser prioritariamente para los españoles".

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