Reivindicación municipal

Miles de vecinos viven "sin servicios esenciales" en urbanizaciones sin legalizar: ni alcantarillado ni asfaltado en Olivella, Sant Cebrià o Corbera

CONTEXTO | Un cambio legal impulsado por el Govern facilitará a los ayuntamientos catalanes la legalización de unas 700 urbanizaciones

MANIFIESTO | Más de 80 alcaldes catalanes piden regularizar cientos de urbanizaciones: "Es un problema de país"

Urbanización Castellar d'Índies, en Sant Cebrià de Vallalta, con deficiencias urbanísticas: terrenos sin asfaltar o mal asfaltados, problemas de alumbrado público, desprendimientos y falta de una red de alcantarillado. / Marc Asensio Clupes / EPC

El quebradero de cabeza que las urbanizaciones no legalizadas le supone al mundo local catalán viene de décadas atrás pero ha reflotado a raíz de un cambio legal y una línea de financiación anunciados por el Govern de la Generalitat. El fenómeno es generalizado —afecta a 730 urbanizaciones en Catalunya— pero tiene una singularidad: hay pequeños municipios en los que la mayoría de habitantes viven en estas áreas carentes de servicios esenciales como asfaltado, alcantarillado, iluminación o suministro de agua. Tres alcaldes lastrados por el problema, los de Olivella (Garraf), Sant Cebrià de Vallalta (Maresme) y Corbera de Llobregat (Baix Llobregat), explican a EL PERIÓDICO sus realidades.

"El 95% de nuestra población vive en urbanizaciones con algún tipo de déficit", lamenta Marta Verdejo (PSC), alcaldesa de Olivella, municipio de 4.473 habitantes próximo a Sitges. Principalmente, Verdejo subraya el bajo rendimiento de la red de agua, que no llega al 40% de su capacidad, como el perjuicio con mayor afectación en un pueblo cuyo suelo es esencialmente rural. "Las obras que se hicieron en su día respondían a una necesidad de segundas residencias y hay pocas parcelas edificadas, pero desde el covid el pueblo ha crecido mucho", asegura la edil, que remarca la heterogeneidad y los distintos niveles de déficits.

Urbanización Castellar d'Índies, en Sant Cebrià de Vallalta, con deficiencias urbanísticas: terrenos sin asfaltar o mal asfaltados, problemas de alumbrado público, desprendimientos y falta de una red de alcantarillado. / Marc Asensio Clupes / EPC

Las urbanizaciones que el municipalismo catalán y el Govern se proponen legalizar se construyeron entre 1956 y 1981, en pleno desarrollismo franquista. Y ha sido un cóctel entre la falta de garantías urbanísticas, el cambio de paradigma social y una regulación muy rígida el que ha puesto a los alcaldes entre la espada de la Ley y la pared de la ciudadanía, con limitaciones legales para invertir gasto público en urbanizaciones no legalizadas —técnicamente se denominan 'no recepcionadas'— mientras sus habitantes exigen equipararse al resto. "Los vecinos nos piden los servicios que tiene Sitges, pero no tenemos capacidad para tirarlos adelante", apostilla la alcaldesa de Olivella.

El 95% de los 4.473 vecinos de Olivella viven en urbanizaciones ilegales

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Pilar Díaz, delegada del Govern en Barcelona, asume que la preocupación por estas urbanizaciones es una tónica en sus visitas a los alcaldes de la demarcación. "El paso del Govern es una oportunidad para caminar en la dirección de que estos miles de vecinos [más de 120.000 catalanes, según afirmó la 'consellera Sílvia Paneque] se puedan equiparar a los de cualquier barrio de Barcelona", sostiene Díaz. La delegada sitúa en los planes del Ejecutivo catalán la creación de una oficina 'ad hoc' para resolver dudas técnicas de los ayuntamientos en esta materia.

"No discutimos que los vecinos tendrán que pagar"

Uno de esos alcaldes que comunicó a Díaz su malestar es el de Sant Cebrià de Vallalta (3.855 habitantes), Albert Pla (ERC). Agotado de batallar en el "callejón sin salida de las urbanizaciones", cuenta, inició en septiembre del 2024 una reclamación municipalista —a cuyo liderazgo se sumó Xavier Santos (ERC), alcalde de Sant Feliu de Buixalleu (Selva)— que ahora ha cristalizado en un manifiesto de más de 80 alcaldes que reivindican la solución a las urbanizaciones como el "principal reto urbanístico de Catalunya" y que cuentan con el apoyo de la Associació Catalana de Municipis (ACM) y de la Federació de Municipis de Catalunya (FMC).

En Sant Cebrià, el 65% de sus 3.855 habitantes vive en 1.300 viviendas en situación irregular

En Sant Cebrià, el 65% de sus 3.855 habitantes vive en 1.300 viviendas en situación irregular

Pla ilustra que el 65% de la población de Sant Cebrià vive en urbanizaciones con algún déficit —sin alcantarillado, iluminación o asfaltado—, con afectación a unas 1.300 viviendas. "Hay afectados muchos pensionistas con realidades complicadas, gente que ha salido del área metropolitana gracias al teletrabajo y una hornada de jóvenes que pueden permitirse casas que son muy potentes pero que están depreciadas precisamente por la falta de servicios", ejemplifica el alcalde.

Los ediles entrevistados no obvian que en cualquiera de los escenarios los vecinos deberán asumir costes: "No discutimos que los vecinos tendrán que pagar", enfatiza Pla, tal y como prevé la regulación. Sí espera el político que la propuesta del Govern, la cual celebra "infinitamente" con la expectativa de que "no quede en un anuncio", permita abaratar los costes de los proyectos de urbanización y facilite la financiación de los ayuntamientos. "Ahora mismo, suponiendo un 20% de impagos, mi ayuntamiento no podría asumir un coste de urbanización que quizás ascienda hasta los 20 millones", precisa Pla.

El alcalde de Sant Cebrià de Vallalta, Albert Pla, uno de los municipios afectados por las urbanizaciones con déficits en Catalunya. / Marc Asensio Clupes / EPC

Urbanización Castellar d'Índies, en Sant Cebrià de Vallalta, con deficiencias urbanísticas: terrenos sin asfaltar o mal asfaltados, problemas de alumbrado público, desprendimientos y falta de una red de alcantarillado. / Marc Asensio Clupes / EPC

"Un reto mayúsculo de país"

En Corbera de Llobregat (16.044 habitantes), a la alcaldesa Rosa Boladeras (PSC) le preocupan las 1.200 viviendas edificadas que no disponen de red de alcantarillado. "Es el déficit que considero más costoso, tanto desde el punto de vista financiero como de que no tiene sentido asfaltar antes de poner alcantarillas", destaca Boladeras. Son 16 las urbanizaciones no recepcionadas en Corbera, que hacen referencia a unas 1.650 viviendas habitadas por unas 4.000 personas sin servicios elementales en su día a día.

Corbera de Llobregat tiene 16 urbanizaciones ilegales que suman 1.650 viviendas y 4.000 vecinos

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Boladeras tilda el apoyo del Govern como una "gran noticia", ya que las urbanizaciones con déficit son en Corbera "un problema estructural con el que hemos tenido que lidiar todos los equipos de gobierno".

La delegada Díaz dimensiona el problema como "el reto que decanta las elecciones municipales en muchos pequeños municipios". Para analizar el último precedente palpable de implicación del Govern en torno a las urbanizaciones hay que retrotraerse a una ley del 2009 impulsada por el 'exconseller' Joaquim Nadal en el segundo tripartit.

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Urbanización Vistamar, en Sant Cebrià de Vallalta, con deficiencias urbanísticas: terrenos sin asfaltar o mal asfaltados, problemas de alumbrado público, desprendimientos y falta de una red de alcantarillado. / Marc Asensio Clupes / EPC

"En aquel momento, ante la crisis del 2008, acabaron las últimas obras de urbanización, y ahora las cuotas son más caras y se perciben como un gasto, no como una inversión", comenta la alcaldesa Boladeras. Los ediles coinciden en que la infinita heterogeneidad de las casuísticas convierten el problema en un "reto mayúsculo de país" frente al cual, eso sí, se sienten esperanzados. "Necesitamos que el tema esté en la agenda: ¿por qué hablamos cada día de Rodalies y de esto no habla nadie? También afecta a muchísima gente trabajadora", zanja el alcalde Pla.

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