Los servicios jurídicos del Parlament piden sancionar a los diputados que oculten sus reuniones con lobis

Un informe de los letrados de la Cámara catalana ve necesario modificar el código de conducta de los diputados, darle rango de ley y obligar a poner descripciones detalladas de las citas con grupos de interés

Solo uno de cada tres diputados publica las reuniones con lobbies en el Parlament

Joan Ridao: "El PSOE y el PP no tienen voluntad política para regular los lobbies"

Imagen de la Planta Noble del Parlament. / Zowy Voeten / EPC

Desde que arrancó la legislatura catalana el 8 de agosto de 2024, se han registrado 255 reuniones de diputados con grupos de interés en el portal de transparencia del Parlament y solo un tercio de los parlamentarios ha hecho público al menos un encuentro con lobbies en todo este tiempo. La transparencia en la agenda de los electos, especialmente cuando se citan con grupos de interés, es una de las obligaciones que recogen tanto el reglamento como el código de conducta de la Cámara desde 2016, pero año tras año sigue siendo una asignatura pendiente para la mayoría de partidos. También existe, desde 2017, un registro oficial de lobbies en el hemiciclo, que actualmente asciende a 478 entidades inscritas.

Los grupos parlamentarios no solo incumplen a la hora de consignar en su agenda pública estas reuniones, sino que tampoco dan detalles del motivo de las citas. Es por eso que los servicios jurídicos del Parlament hace tiempo que reclaman que se sancione a los diputados que no cumplan con esta obligación. En un informe al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, los letrados piden modificar el código de conducta para blindar esta cuestión: "Es necesario revisar el régimen sancionador para que se prevea una sanción específica por el incumplimiento del deber de anotar la agenda de contactos o reuniones de grupos de interés", remarcan.

Si bien en el código de conducta actual sí se recogen sanciones al considerar como "falta grave" no hacer públicas las agendas de los diputados nunca se ha aplicado ninguna sanción, ni se ha estudiado hacerlo. Si llegase a ocurrir, en el marco actual, las multas podrían ir de una amonestación pública hasta los 12.000 euros. El problema, como ocurre con los discursos de odio, es que este código ético no tiene rango de ley para poder poner sanciones firmes. Por ese motivo, los servicios jurídicos del Parlament también piden en el informe -de finales de 2024- que se le dote de "rango normativo propio", mediante la incorporación de un anexo al reglamento o la introducción del régimen disciplinario dentro de la norma de la Cámara catalana.

Una descripción "más precisa"

El actual código de conducta, en su artículo 9, establece el deber de los diputados de hacer públicas cada 15 días "las reuniones, contactos y audiencias que los diputados tengan con cualquier persona, entidad u organización [...] que pueda influir en la tramitación de las iniciativas parlamentarias o el ejercicio del voto". No se explicita cómo debe ser esta transparencia, es decir, qué detalles debe contener. Por eso, los juristas del Parlament también piden que las citas incluyan una "descripción más precisa" del contenido del encuentro, "con el mayor grado de detalle posible", y exigen que se especifique por escrito que no serán válidas fórmulas genéricas como "reunión de trabajo", "seguimiento de trabajo" o simplemente "reunión", que son precisamente las más utilizadas en la mayoría de las anotaciones, según ha podido comprobar este diario.

En el informe, los servicios jurídicos no entran a valorar qué tipo de sanciones se deben imponer a los diputados que incumplan esta obligación, pero sí dejan claro que estas no pueden ser "excesivamente onerosas", ni desde el punto de vista de su gravedad, ni de su cuantía, y que "deben orientarse exclusivamente a estimular el cumplimiento de la norma".

Sanciones también a los lobbies

Además, los letrados piden cambiar las normas del registro de lobbies y darle rango de ley para que también se pueda sancionar a los grupos de interés cuando incumplan sus obligaciones de transparencia. Y también para incluir que cualquier persona pueda alertar o denunciar si detecta una "conducta inadecuada" en estos grupos de interés para que se puedan aplicar, en caso de confirmarse, sanciones.

En ese sentido, los letrados reclaman que, si se avanza hacia una regulación más estricta de la actividad de los lobbies, también se implante un "documento de huella" que deje constancia de su participación cuando se tramitan las leyes, una opción reservada a los grupos de interés inscritos en el registro del Parlament. En ese documento público debería constar qué grupos han intervenido, qué propuestas han presentado y si alguna de ellas acaba incorporándose al texto final. Incluso piden que se anoten también los contactos y aportaciones realizados antes de que el trámite oficial empiece.

Una asignatura pendiente

"La regulación de los lobbies no funciona porque no hay suficientes incentivos y todavía se percibe como una práctica informal; el primer paso debería ser reforzar el registro", señala una persona conocedora de la situación en el Parlament. En el Congreso, desde hace años, se intenta aprobar una ley estatal que regule la actividad de los lobbies con los diputados y altos cargos del Gobierno, pero todavía no ha visto la luz. El último intento arrancó el verano pasado, pero el texto continúa todavía en fase de ponencia.

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En Catalunya, los organismos fiscalizadores llevan tiempo advirtiendo de la necesidad de tomar la iniciativa y redactar una norma autonómica. Sin embargo, ese objetivo -planteado ya con la aprobación de la ley de transparencia en 2014- ha ido posponiéndose legislatura tras legislatura y sigue pendiente. Lo mismo que ocurre con la ley electoral catalana o la norma para proteger a los alertadores de corrupción.

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