A la Jaqui (nombre ficticio) la violó su vecino con quien ella jugaba desde pequeña y al que sus padres le pedían que la cuide cuando salían. Le llevaba cinco años, la ayudaba con sus tareas y una vez le dio un beso que la puso colorada. El día de la agresión le dijo: “eres mía” y ella sintió   tanto asco que pensó: “no soy ni seré de nadie, nunca”. El vecino la atacó mientras sus amigos lo aplaudían; luego todos se dieron a la fuga. Llegó a su casa llorando y su mamá ya preocupada por la demora la abrazó, la abrigó y la llevó a la policía mientras escuchaba lo ocurrido.  Allí comenzó    un sufrimiento inenarrable. Uno de los policías dormitaba y otro veía el celular, ninguno aplicó el protocolo de atención.   “Cuide mejor a su hija” le dijeron al salir. La maestra a quien Jaqui le contó dos días después le dijo que por suerte estaba viva y que ahora debía prepararse para los exámenes finales. Sus mejores amigas la evitaron por temor a que les pase lo mismo.  Tardaron en llegar al SLIM, la abogada estaba ocupada y la mandaron donde otro profesional que comenzó pidiéndoles plata para el pasaje luego para los investigadores y finalmente para el juez, algo que la familia hizo informada de que los acusados también lo estaban haciendo. Al cabo de un tiempo desistieron y el caso quedó archivado.

Los delitos sexuales contra la niñez, ocurren en la familia o su entorno, la sociedad mira a un costado y la justicia no funciona.  Solo el primer semestre de 2025 se registraron 1211 casos de violación a niños y niñas y 967 casos de estupro. El proyecto de ley, responde a un vacío identificado por la CIDH a través de una sentencia que ordena al estado boliviano adecuar las normas legales para proteger a la infancia.  Dada su importancia debe darse un debate sereno, documentado que incluya a penalistas, litigantes y activistas. Lamentablemente una campaña violenta y mentirosa se opone al proyecto acusando que si se aprueba los hombres serán perseguidos. Y muchas mentiras más.  Mariel Paz abogada defensora de derechos ha dado, a mi juicio, la explicación más clara y contundente sobre los orígenes y alcances de la propuesta de ley. Bolivia tiene la oportunidad de adoptar medidas en favor de niñas, niños y adolescente para protegerlos de la violencia sexual. Para eso se propone la incorporación del tipo penal de violación n incestuosa, la eliminación del estupro, y el reconocimiento de la falta de consentimiento de menores de edad, como elemento de constitutivo del delito de violación para garantizar el acceso a la justicia son los aspectos más destacados.

 Actualmente el proyecto está siendo discutido ampliamente y se están planteando modificaciones que – se espera- deriven en una propuesta final. Es de esperar que el proyecto se enriquezca con los aportes de los y las mejores penalistas.

Hay, sin embargo, algunos aspectos relevantes que deben considerarse:  el primero y más importante es el relacionado con la crisis del sistema judicial. Mientras este no sea reformado seguiremos acumulando leyes que atienden los casos de delitos sexuales repitiendo las mismas prácticas que relata Jaqui y que dieron lugar a la sentencia.  El desistimiento, la corrupción y la ignorancia conspiran contra el acceso a la justicia. De hecho, muchos de los casos podrían resolverse apelando a los acuerdos internacionales firmados por el estado boliviano y que protegen a mujeres, niñas, niños y adolescentes pero que permanecen de adorno en la constitución.

En segundo lugar, es necesario reforzar la formación de jueves, fiscales y policías. El nuevo gobierno haría bien en evaluar lo que se hizo en este ámbito y repensar un nuevo programa de renovación de la formación de operadores de justicia desde los territorios. En particular la policía debiera dejar de asignar los casos de violencia a los policías sancionados o que no tienen la simpatía de sus jefes. Se dice que   esos destinos se viven como castigo.  Una policía judicial especializada debiera ser prioridad.

En tercer lugar, tan importante como el acceso a la justicia es la prevención del delito. Por eso preocupa que, en la reforma educativa, la educación sexual no tenga la importancia que se requiere. Las mismas voces anti derechos que se oponen a la ley Brisa rechazan una educación sexual integral y han llegado a instituciones religiosas, centros culturales, juntas de vecinos, comités cívicos y líderes políticos. Si las niñas y niños aprendieran a leer y sumar al mismo tiempo que a proteger sus cuerpos, en unos años tendríamos menos víctimas y mejores personas.

 Juntar las aguas de la excelencia en el legislativo y lograr la movilización de la sociedad para proteger a nuestras niñas y adolescentes, eso sería muy bueno.

© El País