Uno de los mayores desafíos de nuestra economía es el cambio estructural de su sistema tributario que, luego de 40 años de haberse instituido con la Ley 843, y de 23 años de haberse modificado con la Ley 2492, muestra señales claras de ineficacia en sus funciones sustantivas: recaudación, redistribución y formalización.

Los datos son elocuentes. De acuerdo con el informe del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) de la gestión 2024, nuestro país tiene 500.000 contribuyentes inscritos, aproximadamente el 10% de la Población Económicamente Activa. De estos, el 42% son empresas que generan el 89% de la recaudación total. 5.600 empresas (PRICOS y GRACOS) contribuyen con el 80% de los impuestos. El 30% pertenece al régimen especial y contribuye solo con el 0,21%, y el 57% son personas naturales que explican únicamente el 3% de la recaudación.  En La Paz, Santa Cruz y Cochabamba se recauda el 94% de los impuestos.

Un problema grave es la cantidad de tributos existentes. El SIN cobra 15 tipos de impuestos y al margen, existen otras obligaciones nacionales y subnacionales según rubros y actividad económica.  La débil articulación entre entidades recaudatorias genera superposición de tributos, vacíos de control y una carga administrativa fragmentada.

A esto debe añadirse la tendencia nociva a la generación de nuevos reglamentos y procedimientos, decididos por la institución cobradora sin más criterio que la discrecionalidad administrativa.  Tan solo en 2024, el SIN emitió 41 Resoluciones Normativas de Directorio que, en algunos casos, modificaron sustantivamente los procedimientos recaudatorios. Este enmarañado aparato impositivo explica por qué en Bolivia la presión fiscal alcanza el 24% del PIB (SIN) y la brecha tributaria supera el 42% (CIAT).

Otro factor regresivo son los costos de cumplimiento. Bolivia supera las 1.000 horas anuales de carga administrativa tributaria, frente a un promedio mundial de 160 horas (Doing Business). Por su parte, el Código Tributario impone once obligaciones al contribuyente, incluyendo llevar contabilidad formal, conservar documentación hasta siete años y pagar multas del 100% del tributo omitido, lo que genera que una deuda impaga por algunos años, se incremente tanto que termina destruyendo cualquier negocio pequeño.  El cambio entre el régimen simplificado y el régimen general es abrupto y sin ninguna gradualidad. Esto desincentiva el crecimiento de las microempresas que optan por mantenerse artificialmente pequeñas antes que asumir obligaciones que no pueden sostener.

Las sanciones son desproporcionadas y muchas veces irracionales. La norma establece clausuras de hasta 48 días continuos por no emisión de factura, lo que para una microempresa equivale prácticamente al cierre definitivo. Las multas pueden ser exorbitantes y superar el capital de operaciones; las sanciones no guardan relación con el daño fiscal causado, la capacidad económica del infractor o la intencionalidad de la conducta. Asimismo, la fiscalización suele ser abusiva y discrecional, puede abarcar hasta ocho gestiones previas, se concentra en contribuyentes formales, y solo busca generar miedo desalentando la formalización en lugar de incentivarla.

Un aspecto crítico es la retribución. En Bolivia, registrarse como contribuyente no otorga beneficios tangibles e inmediatos. El informal no percibe ningún incentivo positivo para formalizarse, solo la amenaza de sanción si lo descubren. El ciudadano que aporta sigue considerando que sus recursos se dilapidan en burocracia, corrupción e ineficiencia estatal. De hecho, la recaudación total por impuestos en 2024 alcanzó a Bs 41.524 millones, mientras que el Estado destinó ese año Bs 49.089 millones a sueldos de servidores públicos.

El daño más grave de estos factores se refleja en la informalidad. El 65% de nuestra economía opera al margen del sistema tributario porque el costo de cumplir la ley supera el beneficio de hacerlo. Se recauda sobre una minoría formal que subsidia al resto, creando un ciclo vicioso donde los formales pagan más, lo que desincentiva la formalización.

La solución no se encuentra en perdonazos ni en medidas parciales, sino en una transformación profunda que recupere los principios de universalidad, igualdad, eficiencia y proporcionalidad, y que incluya la simplificación radical del sistema; disminución de la cantidad y la tasa de impuestos; ampliación de la base tributaria; modernización digital; reestructuración del régimen sancionatorio; y modelo de incentivos para la formalización progresiva.

El problema no es solo de administración, sino de coherencia entre diseño normativo, capacidad institucional y realidad económica del país.  Bolivia no necesita seguir exprimiendo a los mismos contribuyentes. Necesita un nuevo pacto tributario donde pagar impuestos tenga sentido y el Estado retribuya con servicios lo que exige con normas. La reforma tributaria no es solo un desafío técnico: es una condición indispensable para recuperar la equidad, la confianza y la viabilidad económica del país.

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