El 2 de noviembre, el Banco Central del Paraguay resolvió iniciar la intervención de Ueno Bank, un poderoso conglomerado privado con un perfil de “banca popular”. En cuestión de horas, tres millones de clientes, casi la mitad de la población del país, quedaron sin acceso a sus ahorros. Aparte, en aquellas bóvedas digitales dormían más de 800 millones de dólares del Estado: fondos de jubilados del IPS, de la eléctrica estatal ANDE y de Itaipú. La vieja y renovada historia del saqueo neoliberal.

Cuando asumió su cargo, el presidente Santiago Peña (economista del FMI y aliado de Trump), puso al frente del Banco Central a quien había presidido la financiera antecesora de Ueno. El mismo Peña había sido accionista del propietario del banco, el Grupo Vázquez. Durante su gobierno, los depósitos públicos en esa entidad crecieron hasta un tercio del total.

La gente salió a la calle y organizó vigilias frente al Congreso y (razonablemente) atacó sucursales del banco. El jueves 5, Peña renunció. El Congreso dejó la renuncia en suspenso para que el juicio político le quitara los fueros. Un día después, el presidente fue destituido por “mal desempeño de funciones”, según el artículo 225 de la Constitución, y puesto bajo arresto domiciliario. Este pedazo de historia que le acaba de regalar Paraguay al mundo es significativo, porque no hay democracia cuando los poderosos no le temen al pueblo, sino al revés.

Claro que esto no es una revolución, pero algo es algo. La calle obligó al palacio a sacrificar una pieza para salvar el tablero y el Partido Colorado (el de Stroessner, el que gobierna el país desde 1947 con la sola interrupción de Fernando Lugo) le soltó la mano a su propio presidente. La oposición liberal y la centroizquierda promovieron el........

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