Todo boliviano recordará los inicios de la campaña de Rodrigo Paz, aclamando, entre muchas promesas, la descentralización y el paso a una agenda 50/50 que elimine la excesiva dependencia del Estado y su centralización. Sin embargo, nadie había advertido que dicha promesa venía con unas condiciones de servicio dignas del neofeudalismo de este siglo. La controversia se dejó ver claramente por la indignación de las gobernaciones de Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija el pasado martes 3 de noviembre. Según ERBOL (2026a), estas gobernaciones expresaron su rechazo frente a la propuesta de redistribuir el 1 % de la coparticipación tributaria, declarando que el porcentaje ofrecido era insuficiente para las obligaciones y planes que tienen en la perspectiva de desarrollar su autonomía y el modelo 50/50 prometido por el gobierno.

No obstante, mucho se habla de autonomía por aquí y por allá. Es pertinente entender a qué se refieren exactamente las autoridades cuando hablan de «autonomía». Para responder y entender el trasfondo de esta pregunta, es necesario dirigir la mirada hacia la Carta Magna de nuestra nación. La Constitución Política del Estado (2009), en su artículo 1, declara que Bolivia se constituye como un Estado unitario social de derecho plurinacional comunitario, descentralizado y con autonomías, entre otras características. Especial énfasis en «descentralizado» y «con autonomías». Esto deja entender que el Estado boliviano, oficialmente, mediante la Carta que determina su accionar, mantiene una unidad estatal, pero reconoce diferentes niveles territoriales de organización con competencias propias. Por otro lado, el artículo 272 establece que la autonomía comprende la elección directa de autoridades, la administración de recursos económicos y el ejercicio de facultades legislativas, reglamentarias, fiscalizadoras y ejecutivas dentro de las competencias y jurisdicciones correspondientes. La autonomía, por consecuencia, puede entenderse como la capacidad de autoadministrarse dentro del marco constitucional. En el caso nacional y específico de este artículo, se establece que las autonomías no están únicamente limitadas a la elección de representantes departamentales, sino que también suponen la capacidad de administrar sus propios recursos y ejercer sus atribuciones legítimas y reconocidas.

Ahora bien, es imperante conocer las diferencias entre dos tipos de descentralización: por un lado, la política y, por otro, la fiscal. Entiéndase por descentralización política la distribución territorial de la autoridad y la capacidad de tomar decisiones públicas de impacto. En cuanto a la descentralización fiscal, debe entenderse como la distribución de recursos, responsabilidades de gasto y determinadas facultades sobre ingresos entre niveles de gobierno. Ambas descentralizaciones son importantes, pero no son idénticas. Una gobernación puede tener una considerable descentralización política en cuanto a la toma de sus decisiones, pero serias limitaciones económicas que dificultan el ejercicio de su agenda departamental.

Esta diferenciación, más el bagaje jurídico y constitucional citado, permite entender que Bolivia reconoce constitucionalmente la autonomía departamental propia de las gobernaciones y que esta comprende facultades políticas en la toma........

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