“Van a acabar con la educación”, me dijo angustiado al teléfono. Pronto me reuní con él. El Gobierno había presentado un proyecto de reforma constitucional que, si bien incluía aspectos necesarios, sometía a la educación básica y media ofrecida por el Estado a una desfinanciación crónica al desligar por siempre la participación de las regiones en los Ingresos Corrientes de la Nación (ICN), en contra del espíritu de la Constitución del 91.

Posesionado como Ministro, le dirigí una carta al Ministro de Hacienda y al Director de Planeación indicándole mi total desacuerdo con la iniciativa. La crisis fiscal de la Nación era alarmante, pero la solución era inaceptable. Acordamos una medida transitoria de siete años (lo que decían que tomaría las finanzas en estabilizarse) con incrementos por encima de la inflación, para retornar al modelo de participación en los ICN en el 2009.

Tenía........

© El País