Remontar la dependencia de un país no es una tarea sencilla. No creo que alguien realmente crea que revertir las estructuras económicas de un país subdesarrollado sea, efectivamente, fácil. De hecho posiblemente lo opuesto sea más cierto: creer que la situación es irreversible. Presentado así, la dependencia se reduce a una cuestión shakesperiana: eres o no eres. Emitir criterio sobre si un proceso contribuye a sacarnos de la dependencia nos remite una y otra vez a sobre si se es o no, aunque con un resultado de antemano sentenciado si hablamos de Bolivia: seguimos siendo dependientes.

Escribimos nuestra canción en el espacio  Como si ya estuviéramos muertos y olvidados  Dissociative  Marilyn Manson

En su desarrollo, la teoría de la dependencia podría decirnos cómo hemos sido dependientes desde mediados del siglo XX, cómo el neoliberalismo cambió las coordenadas y más recientemente cómo la revolución digital ha reproducido o generado nuevos mecanismos de esa dependencia. No es que no sea en gran extensión cierto. Pero cabe preguntarse hasta dónde este tipo de enfoques pueden ser inmovilizadores y generar el sentido común de que estos páramos han sido para siempre olvidados de la gracia de Dios. Otro tanto podría decirse de las teorías que giran alrededor del concepto de extractivismo. Una economía que se encuentra ligada y en relación de dependencia del mercado mundial poco margen tiene para renunciar a las divisas que le dan los recursos naturales. Mientras no hayan saltos de desarrollo económico  hacía opciones sustentables, verdes, naranjas, etc. más fácil será caer en la categoría “extractivista” que no.

El caso del litio boliviano nos da una muestra ejemplar del razonamiento dicotómico que existe en torno a proyectos de desarrollo. Los recursos de litio en Bolivia han alimentado expectativas desde mucho antes de la llegada de Evo Morales al poder en 2006. En el último tramo de la década de 1980 la población potosina chocó con las intenciones del gobierno de Victor Paz Estenssoro de concesionar el litio en favor de la LITHCO. Esperaban, ya entonces, que este recurso mineral -ahora sí- sirviera para edificar un desarrollo robusto. El negocio propuesto por Paz Estenssoro era en efecto desventajoso para Bolivia y en los hechos se optó por dejar el litio ahí, sumergido en las salmueras de Uyuni. El Comité Cívico de Potosí le dijo no al proyecto por la vía del negocio privado. Lo que estaba en juego entonces —quién controla el recurso y en qué condiciones se lo integra al desarrollo— no desapareció: reaparecerá, bajo nuevas formas, en los intentos posteriores de industrialización.

Años después, en un gobierno de signo diferente, el litio volvió a la mesa de discusión. En la primera gestión de Evo Morales se bosquejaron planes de extraer e industrializar el litio con protagonismo absoluto del Estado. Mucho esfuerzo y mucha inversión -al rededor de mil millones de dólares- se puso en el proyecto. Se prometió que Bolivia tendría una planta de carbonato de litio con capacidad de 25.000 toneladas, una cantidad que nos pondría en el mapa mundial del litio. Hoy la planta boliviana no produce la quinta parte del potencial que, se supone, tiene. Las controversias al respecto no son muchas pero son intensas: los promoventes originales alegan que se descuidaron instalaciones y se abandonaron procesos en los gobiernos posteriores a los de Morales. Los críticos del MAS señalan que el proyecto ha tenido no pocas pifias.

Ponderar los avances y los errores de un conjunto de acciones destinadas a la industrialización del litio podría enmarcarse peligrosamente en el campo de los veredictos enfáticos. “La industrialización del litio es un fracaso” o “Es la continuación del extractivismo por medios conocidos”. Los defensores del proyecto original, por su parte, alegan que el proyecto soberano del litio avanzaba a paso firme aunque luego fue traicionado en los gobiernos de Añez -que lo dejó a su suerte- o Arce -que quiso reconducir, aunque finalmente quedó a la deriva.

Quizás el problema no sea solo si seguimos siendo dependientes o extractivistas, sino que esas categorías dicen poco sobre cómo se construyen —o se bloquean— las capacidades reales de desarrollo. Para entender ese ‘cómo’, conviene mirar el litio no como un resultado ya juzgado, sino como un proceso donde se articulan tecnologías, decisiones políticas e intereses: una red en construcción

Más allá de las dicotomías

Desde la perspectiva de la conformación de las redes sociotécnicas el interés radica en otro lado. Frente a la mirada analítica que toma los procesos sociotécnicos por su resultado, la teoría del actor red se enfoca en el proceso con el cual se hacen converger y se alinean factores técnicos -la tecnología de evaporación, la química del salar, el escalamiento industrial de los procesos piloto, etc.- con factores sociales -legislación, grupos de interés, expectativas y otros. En esta línea de razonamiento, lo avanzado por la Gerencia de Recursos Evaporíticos primero y luego por YLB no puede simplemente descartarse porque no ha conseguido el objetivo inicialmente trazado. El camino recorrido tiene la potencialidad de mostrarnos, si aceptamos ver la riqueza del proceso en sus aciertos y polémicas, qué materiales sociales y técnicos se han ensamblado. La cuestión no es menor si tenemos en cuenta que en el proceso real, todas las redes sociotécnicas extraordinariamente se han desenvuelto de manera apacible. Los procesos de innovación tecnológica han sido la mayor parte del tiempo esfuerzos con contradicciones y retrocesos antes de poder establecerse como ensamblados estables y funcionales.

Una de las características buscadas del proyecto de litio sostenido en el gobierno de Evo Morales ha sido su carácter soberano. La soberanía aquí aludida puede rastrearse tanto en documentos de COMCIPO que quiere prevenir la repetición de los saqueos de minerales en su departamento desde tiempos coloniales, como en documentos de FRUTCAS así como de las provincias aledañas al Salar de Uyuni. La cuestión de la soberanía planteada por los actores locales armonizaba en el nivel de discurso con el gobierno de Morales. La forma en que se quiso traducir la soberanía como aspiración política en las formas jurídicas fue el establecimiento de la participación del 100% de la COMIBOL primero, YLB después en la producción y comercialización de la química básica del salar. Visto así, las controversias concretas en torno al litio dejan de ser solo disputas políticas o errores de gestión: pasan a ser momentos en los que esa articulación —entre tecnología, reglas e intereses— se logra, se tensiona o fracasa.

El 100% fue aludido como parte de distintas controversias en la última década. El gobierno de Evo Morales conformó ACISA, la empresa mixta que juntó a YLB con ACI Systems para recuperar litio de la “salmuera residual” de los procesos de la planta de carbonato de litio. Juan Carlos Zuleta criticó que la empresa mixta rompe con el precepto del 100% estatal al darle acceso a una empresa privada a la salmuera. YLB se defendió alegando que ACISA no recibió un acceso al salar, sino a “salmuera residual” ya tratada por YLB. La controversia tensionó a los actores -por el 100% y otros temas relativos- y finalmente llevó al tacho el acuerdo con la empresa alemana.

Años después, el gobierno de Arce Catacora firmó dos contratos para que empresas extranjeras hicieran extracción directa de litio en el Salar de Uyuni. Los contratos eran tan evidentemente lesivos al estado que el gobierno apenas hizo tímidos intentos de defenderlos. En ese contexto, Alberto Echazú, que dirigió los destinos del litio con Morales, comentó que los contratos de EDL violaban el precepto del 100% boliviano. Más allá de la pésima negociación del gobierno de Arce con sus proveedores extranjeros, subsiste el hecho de que conseguir tecnología boliviana para extraer litio por extracción directa necesita que se consigan socios. En eso hay una convergencia con la cuestión de ACISA: la búsqueda de socios para disponer de tecnología.

No se trata de que Bolivia abandone las vetas que tiene para desarrollar su tecnología. Pero a la vez hay que ser consciente de que mientras Bolivia dispone de recursos para generar tecnología propia en una veta, por fuera hay pequeñas y grandes empresas desarrollando múltiples vetas. En este ámbito se trata de multiplicar las probabilidades de conseguir la mejor convergencia y alineamiento de acuerdos con contrapartes tecnológicas y de inversión. La dinámica de la innovación es demasiado diversa como para que pueda quedar a cargo de un Estado con recursos limitados. Cabe entonces volver sobre si el 100% de YLB asegura la soberanía o por el contrario recorta sus posibilidades de moverse en varios campos al mismo tiempo.       

Llegados a este punto, la inquietud no parece tan novedosa. Mirar otras experiencias permite dimensionar que estas tensiones no son excepcionales, sino parte de cómo distintos países han buscado resolver —con mayor o menor flexibilidad— el mismo problema. Recientemente Chile, donde el litio no es concesible pero se explota con Contratos Especiales de Operación, empezó a expandir sus operaciones en el salar de Maricunga. Para operar en Maricunga, distintas empresas fueron seleccionadas para entrar en sociedad con CODELCO. Esto le permite a CODELCO (la Corporación del Cobre de Chile, empresa pública) tener varias opciones de desarrollo en nuevas explotaciones de litio. No es el único modelo. La gigante Petrobras que corporativamente tiene mayoría de control estatal, tiene una parte de sus acciones transables en el mercado. A la vez, crea empresas subsidiarias a veces con control mayoritario y poder de veto a la vez que también participa en joint ventures como un socio más.

No es necesario meterse en la discusión doctrinaria sobre si YLB debe ser liquidada para transferir el litio a privados ni persistir en candados que buscan soberanía pero atan las manos. Es posible discutir de una manera a la vez anclada en la condiciones concretas así como ambiciosa de manera realista cómo coordinar una red sociotécnica del litio que pueda construir soberanía y a la vez ser una pieza en remontar dependencia.

© El País