En septiembre del año pasado el Estado boliviano publicó su caracterización oficial de las víctimas de trata de personas. Para saber con qué fin fueron explotadas, sus autores tuvieron que leer el periódico: cuarenta y ocho noticias de 2024. No es una acusación mía, está escrito en el propio documento del Observatorio Boliviano de Seguridad Ciudadana y Lucha Contra las Drogas, del Ministerio de Gobierno. Dice, textual, que no hay información oficial sobre los fines de las denuncias de trata reportadas por la Policía.

La Ley 263 tipifica catorce fines de la trata: explotación sexual comercial, explotación laboral, mendicidad forzada, matrimonio servil, embarazo forzado, extracción de órganos, reclutamiento para conflictos armados, empleo en actividades delictivas, en fin, son catorce. El registro donde se anota la denuncia no consigna ninguno.

En mis dos columnas anteriores mostré cuántos casos hay y cuántas condenas salen. Hoy quiero mostrar lo que ni siquiera se anota, porque una política pública que no sabe a quién protege no está fallando, está adivinando.

Los propios datos policiales lo dicen sin proponérselo. En 2024 se registraron 836 denuncias específicamente por trata de personas en Bolivia. En 370 no se consignó el sexo de la víctima, cuatro de cada diez. En 395 no se consignó su edad. Y solo en 177 de esos 836 casos quedó registrado el sexo del presunto tratante: en casi ocho de cada diez expedientes no sabemos siquiera si quien captó fue hombre o mujer. Sobre ese vacío se diseñan campañas, se asignan presupuestos y se escriben planes quinquenales.

Lo poco que sí se sabe alcanza para incomodar. Entre las víctimas identificadas, siete de cada diez son mujeres y algo más de la mitad son menores de dieciocho años. Pero tres de cada diez son varones, existen y casi nadie los mira. Entre los presuntos tratantes identificados, tres de cada........

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