En el diseño constitucional boliviano se distinguen los conceptos de competencia, facultad, atribución y funciones. No son lo mismo, por lo que, en función del principio de precisión, no deberían usarse como sinónimos.

Las competencias instituyen el ámbito de poder de decisión de los gobiernos. Ellas pueden ser asignadas, transferidas o delegadas. La Constitución es la que asigna las competencias y lo hace en cuatro tipos: privativas, exclusivas, compartidas y concurrentes. Cuando una materia no está incluida en la distribución competencial de la Constitución, la Asamblea Legislativa Plurinacional debe asignar la competencia mediante ley, tipificándola como alguno de los cuatro tipos de competencia. Entretanto, su ejercicio corresponde al Gobierno central (CPE, art. 297; Ley 031, art. 72).

Las facultades son las potestades que un gobierno tiene para ejercer sus competencias, así como para el control (fiscalización) y la deliberación. Es lo que, a un gobierno, en el ejercicio de una competencia, le permite hacer la ley (facultad legislativa), reglamentarla (facultad reglamentaria) y hacer gestión (identificar problemas, planificar, ejecutar y evaluar) en el tema (facultad ejecutiva), con base en esa ley y reglamento propios.

Las atribuciones son el poder de decisión asignado por la Constitución y la ley a un órgano de gobierno, a un organismo de control y defensa y a las instituciones descentralizadas. En ese ámbito de atribuciones, los reglamentos internos de estas entidades deben distribuir las atribuciones específicas entre sus unidades organizacionales (decreto reglamentario de organización del órgano ejecutivo y reglamento del sistema de organización administrativa).

Finalmente, si bien la Constitución en partes usa la palabra “funciones” para........

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