El 68% de los productores campesinos que alimentan a Bolivia no tienen vehículo propio y pierden hasta el 73% de sus ingresos ante los intermediarios. Darles accesibilidad para que lo tengan aprovechando los autos “chutos” no sería otorgar un privilegio, sino un acto de justicia social y constitucional.

En Bolivia, más de 725.000 familias campesinas (Unidades de Producción Agropecuaria familiar y comunitaria) cultivan la tierra (92% de las UPA) y proveen los alimentos a las ciudades (INE, 2022). Sin embargo, no poseen el medio para llevar los productos que generan a los mercados.

Mientras los debates en las ciudades se concentran en juzgar la tenencia de vehículos “chutos” bajo una mirada estrictamente moral, legal y fiscal, en las áreas rurales la falta de transporte propio constituye un escollo encarnizado para el desarrollo rural.

Se estima que el 68% de las unidades productivas familiares carece de todo vehículo motorizado, y apenas un 5% cuenta con un camión de carga (CIPCA, 2023). Así, los agricultores quedan obligados a alquilar camiones a precios abusivos y a dejar que las ganancias (utilidades) de la producción agrícola se vayan únicamente para los intermediarios.

Es necesario reorientar la política pública nacional hacia una soberanía de transporte rural para garantizar la soberanía alimentaria en el país. En eso, se puede aprovechar la existencia de tantos autos “chutos” en el país (entre 1,4 y 1,5 millones según estimaciones de la CAB) para solucionar el problema de acceso al transporte del productor campesino: plantear una ley que dé a cada jefe de hogar campesino productor el derecho a........

© El País