El 3 de enero de 2026, fuerzas especiales estadounidenses extrajeron a Nicolás Maduro de su residencia en el Fuerte Tiuna. Más de 150 aeronaves ejecutaron lo que el Pentágono bautizó como “Operación Resolución Absoluta”. Donald Trump anunció: “Vamos a gobernar Venezuela hasta que podamos llevar a cabo una transición pacífica”. El anuncio de una estrategia de dominación territorial que replica el modelo imperial estadounidense perfeccionado durante 150 años.

Estados Unidos no invadió Venezuela por narcotráfico ni derechos humanos, sino por 303,000 millones de barriles de petróleo (17% de las reservas mundiales), 8,000-10,000 toneladas de oro, coltán, gas natural y una posición geográfica que les permite fragmentar el continente. El valor estratégico supera los 2.7 billones de dólares. En el plan, sigue Colombia, a la que Trump amenazó con golpes “en tierra” contra las “rutas del narcotráfico”. Colombia posee 51 millones de toneladas anuales de carbón, depósitos gigantes de cobre sin explotar y conecta geográficamente norte y sur. Su caída cortaría América Latina en dos.

El sur está cercándose. Argentina bajo Milei, Chile con Kast desde marzo de 2026, Perú y Ecuador ya alineados. Bolivia eligió a Rodrigo Paz, quien dos días después de reunirse con funcionarios estadounidenses firmó el DS 5503 que sube combustibles entre 84-162% para los bolivianos mientras garantiza subsidios y “estabilidad jurídica de 15 años” para petroleras extranjeras con contratos sin control parlamentario. El litio boliviano (23 millones de toneladas) queda disponible.

México y Centroamérica, dependientes entre 70-83% del comercio con Washington, quedarán geográficamente atrapados. Sin aliados al sur, sin opciones de diversificación. Las deportaciones masivas (200,000 entre enero-octubre de 2025, 470% más que bajo Biden) eliminaron disidentes potenciales en territorio estadounidense antes de bombardear poblaciones latinoamericanas.

La guerra de cincuenta años que no quieren ganar

Entre septiembre y diciembre de 2025, Estados Unidos ejecutó al menos 36 ataques contra embarcaciones en el Caribe y Pacífico, matando a 115 personas. En el primer ataque del 2 de septiembre, fuentes revelaron que el militar estadounidense ejecutó un segundo golpe deliberado para matar sobrevivientes del primero, elevando el total a 11 muertos. La administración Trump declaró al Congreso que Estados Unidos está en “conflicto armado” contra los cárteles de drogas, etiquetando a los muertos como “combatientes ilegales” sin derecho a revisión judicial.

Human Rights Watch documentó que, al 15 de diciembre de 2025, 95 personas habían sido asesinadas en 26 ataques militares reportados. El Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Volker Türk, declaró que los ataques “violan el derecho internacional de derechos humanos” y constituyen “ejecuciones extrajudiciales”. El Reino Unido dejó de compartir inteligencia con Estados Unidos sobre embarcaciones sospechosas porque no quiere ser cómplice de ataques que considera ilegales.

Washington invirtió 19,200 millones de dólares anuales durante cinco décadas en la “guerra contra las drogas”. En 2023, la producción mundial de cocaína alcanzó un récord de 3,708 toneladas, 34% más que 2022. El consumo en Estados Unidos involucra a 70.5 millones de personas. Las muertes por sobredosis fueron 87,000 en 2024. NBC, CNN, The Guardian, la Comisión Global sobre Política de Drogas y la ONU coinciden en que es un “fracaso rotundo de un billón de dólares”.

Fracasar durante medio siglo con el presupuesto de una superpotencia no es incompetencia. La “guerra contra las drogas” nunca tuvo como objetivo detener el tráfico. Su función es justificar la presencia militar permanente, con bases en siete países, desplegando portaaviones nucleares y operaciones que casualmente ocurren donde hay petróleo, litio y posiciones geográficas estratégicas.

Mientras Trump bombardea “narcolanchas” sin juicio, su gobierno negocia con la MS-13 en El Salvador. En marzo de 2025, retiró cargos de terrorismo contra César Humberto López-Larios, líder de la MS-13, y lo deportó a El Salvador. Bukele, presentado como “combatiente del crimen”, negoció apoyo electoral de la MS-13 a cambio de privilegios penitenciarios y bloqueo de extradiciones. El 10 de diciembre de 2025, Washington incautó el buque “Skipper” con 1-2 millones de barriles de crudo venezolano en aguas internacionales. Trump dijo: “Supongo que nos quedamos con el petróleo”. Pero Chevron opera joint ventures con PDVSA bajo licencias estadounidenses, generando 3,200 millones de dólares anuales para Maduro. Estados Unidos no se opone al petróleo venezolano. Se opone a que Venezuela lo controle.

Washington ofreció a Milei 20,000 millones de dólares antes de elecciones cruciales, a cambio de alineamiento geopolítico y exclusión de China del litio argentino, cancelando proyectos chinos por 350 millones de dólares, incluyendo un radiotelescopio científico. Estados Unidos importa litio principalmente de Chile (50%) y Argentina (47%). En 2025, la demanda estadounidense de litio para baterías EV alcanzó 80,000 toneladas métricas, un récord histórico. Albemarle proyecta que la demanda global alcanzará 1.8 millones de toneladas de carbonato de litio equivalente en 2025, duplicándose a 3.7 millones para 2030.

El Triángulo del Litio (Bolivia, Argentina, Chile) posee 53% de las reservas mundiales. China controla 80% del refinamiento. La guerra del litio no se pelea con tanques sino con préstamos condicionados, acuerdos comerciales “recíprocos” que favorecen........

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