El juicio al presidente Uribe es -sin duda alguna- una persecución política. Este no es un proceso judicial. Dos fiscales pidieron la preclusión -no había delito- y cuatro delegados del Ministerio Público, han dicho que debe ser declarado inocente. El fiscal que lo acusó había sido nombrado por Montealegre -el ministro de justicia y alegada “victima” en el proceso-, luego lo removieron, pero la acusación quedó en firme.

El senador de izquierda Iván Cepeda visitaba cárceles, está probado. Hablaba con los criminales para pedirles declaraciones contra Uribe, está probado. Ofrecía beneficios humanitarios, está probado. La conducta de Uribe se limitó a denunciar las acciones del senador de izquierda radical, y para soportar la denuncia envió a un abogado para recoger la declaración de aquellos criminales que querían hablar sobre el asunto. Solo eso.

Es tan evidente que, por eso, solo entonces seis años después de la declaración inicial de Monsalve sobre Uribe, hay contacto con él. Monsalve buscó el contacto. Por eso, también se llega a Vélez y a todos los demás: aseguraban que iban a contar sobre el pedido de Cepeda de declarar contra Uribe, sobre sus ofrecimientos de beneficios humanitarios. Esto es fundamental, todas las grabaciones muestran que Uribe siempre y solamente pidió la verdad, no declaraciones, no retractaciones. La verdad.

De un día a otro, el proceso contra Cepeda se archiva y se vuelve contra Uribe, y extrañamente, no le notifican, es más, niegan que lo estén investigando. Lo sorprenden recién elegido senador en 2018 con una indagatoria, ni siquiera una versión libre. Los intereses del magistrado........

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