El accidentado trámite que vivió la semana pasada el presupuesto no puede desviar la vista sobre los aspectos esenciales en materia de uso eficiente de los recursos públicos.

Uno de los objetivos que debe priorizar el Gobierno en este campo radica en encontrar fórmulas inteligentes de ahorro: oportunidades de reducir las erogaciones sin afectar la función administrativa ni la prestación de los servicios bajo la responsabilidad del Estado.

El cambio de reglas sobre el pago las sentencias y conciliaciones contra las entidades públicas es una de esas alternativas.

El artículo 195-4 del Código de Procedimiento Administrativo (Cpaca) establece para tales obligaciones un interés equivalente al DTF por los primeros diez meses. Luego, la tasa se dispara al máximo autorizado. Un rendimiento que no genera consistentemente ninguna otra actividad legítima.

De ahí que las sentencias y........

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