El deber ético y legal sobre el uso de bombardeos militares, en zonas donde hay menores de edad reclutados por grupos ilegales, ha vuelto a encender la polémica en el país. Tras las recientes determinaciones judiciales que restringen estas operaciones, se confrontan dos posturas irreconciliables: la urgencia de proteger la vida de la niñez y la necesidad imperiosa del Estado de garantizar la seguridad nacional.

Desde una perspectiva estrictamente operacional, la premisa es contundente: toda persona que empuña armas y arremete contra las instituciones, constituye una amenaza mortal e inminente; y en el caso de menores, es una verdad a gritos que son combatientes, tanto para los criminales, como para las fuerzas del........

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