Cada cierto tiempo aparece la tentación de presentar la Constitución como un obstáculo. Cuando los jueces frenan decisiones del Ejecutivo, cuando el Congreso no actúa como notaría del gobierno o cuando las instituciones ponen límites al poder, surge el argumento de que “hay que cambiar las reglas”. Este no es un fenómeno nuevo ni exclusivamente colombiano. En muchas democracias, el poder suele incomodarse con los controles que precisamente fueron creados para limitarlo.

Sin embargo, conviene recordar que la Constitución de 1991 no es un accidente histórico. Nació como respuesta a una crisis profunda del país y representó un pacto político amplio que consolidó derechos, fortaleció las instituciones y estableció mecanismos de participación ciudadana. Sobre todo, dejó una idea clara: el poder en la democracia no es absoluto.

Eso no significa que la Constitución sea intocable. De hecho, la propia Carta prevé cómo puede reformarse. El Congreso puede hacerlo mediante actos legislativos y la ciudadanía puede participar a través de referendos constitucionales. Incluso existe la posibilidad de convocar una Asamblea Constituyente si se trata de una revisión más profunda, es muy nueva y de vanguardia para ser reformada totalmente. Es decir, el sistema tiene caminos de ajuste. Lo que no contempla es la ruptura impulsiva del pacto cada vez que el poder encuentra un límite en ella.

Por eso resulta útil traer una figura utilizada en él mundo financiero: la llamada prueba ácida. Cuando un banco quiere saber si una empresa es realmente sólida, no se deja impresionar por balances inflados ni por cifras vistosas. Examina lo esencial: la liquidez real, aquello que permite cumplir obligaciones sin adornos contables.

En política ocurre algo similar 

Si quitamos el ruido electoral, las consignas y la retórica de campaña, queda una pregunta fundamental: ¿el liderazgo político está dispuesto a gobernar dentro de las reglas o necesita cambiarlas para ejercer el poder?

La verdadera prueba ácida de un proyecto político no está en lo que se promete, sino en su relación con los límites institucionales. Un liderazgo democrático entiende que gobernar implica aceptar controles, convivir con la crítica y respetar la alternancia. Un liderazgo personalista, en cambio, suele ver esos mismos límites como obstáculos que deben ser removidos.

La historia latinoamericana ofrece suficientes ejemplos de lo que ocurre cuando las reglas se reescriben al ritmo de las mayorías del momento. Las constituciones dejan de ser pactos duraderos y se convierten en instrumentos del poder.

Por eso, más allá de simpatías ideológicas o preferencias partidistas, el verdadero debate debería centrarse en algo más simple y más profundo: quién está dispuesto a gobernar dentro del contrato constitucional y quién cree que ese contrato puede ajustarse a la medida del gobernante.

Ahí está, finalmente, la prueba ácida de la política colombiana.

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