El desafío, entonces, no es producir más orientaciones, sino reducir la ambigüedad en su aplicación.

En los últimos años, el funcionamiento de los Programas de Integración Escolar (PIE) ha estado marcado por un creciente incremento de orientaciones de las autoridades que buscan fortalecer la implementación de políticas inclusivas. Sin embargo, ese esfuerzo no siempre ha derivado en mayor claridad. Por el contrario, en muchos casos ha ampliado los márgenes de interpretación, generando respuestas dispares frente a situaciones similares.

Lo que debiera traducirse en criterios comunes para la atención de estudiantes con necesidades educativas especiales, hoy se expresa en prácticas heterogéneas entre territorios. La aplicación concreta de estas orientaciones depende en gran medida de la interpretación que hace cada sostenedor, cuyas decisiones no siempre se explican por fundamentos técnicos, sino por culturas organizacionales, restricciones operativas, disponibilidad de recursos y, por qué no, ignorancia del tema. El resultado es una implementación desigual que tensiona el derecho a la educación de estudiantes........

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