Cuando la autoridad técnica de una evaluación termina por sustituir la discusión sobre los fines de una política pública, la evidencia deja de contribuir al debate democrático. Y cuando esto ocurre, corre el riesgo de convertirse en una justificación aparentemente neutral de decisiones políticas.

Recientemente, el ministro de Hacienda ingresó, con un hermetismo nunca antes visto, la propuesta de Ley de Presupuestos para el año 2027, que deberá ser discutida por el Congreso en su conjunto y despachada a fines de noviembre de 2026.

Hemos visto cómo la ciudadanía ha debido escuchar por la prensa las desafortunadas noticias y declaraciones de los encargados del erario público que han planteado políticas de ajuste fiscal dolorosas, pero que tienen que doler de acuerdo al ministro Mas.

Todo esto, luego de la tramitación de una de las reformas tributarias más regresivas desde la vuelta a la democracia, que redujo impuestos e impactará en la recaudación fiscal. Es más, este Presupuesto es la antesala de recortes aún más profundos que el Gobierno realizará.

Es en el marco de esta discusión en la que se logró adelantar uno de los puntos conflictivos, más que en términos financieros, en términos simbólicos: el fin del programa “Yo elijo mi PC”, que consiste en la entrega de computadores a los alumnos de buen rendimiento escolar en séptimo básico a lo largo de todo el país. Esta medida ha sido muy impopular, incluso entre quienes conforman la coalición de gobierno, y ha puesto sobre la mesa una interesante discusión sobre las políticas públicas, a través de los indicadores de gestión que respaldan esta decisión.

Desde esa perspectiva, como autoras de este texto sostenemos que las evaluaciones no son antojadizas y que decidir qué componentes incluir en los indicadores para construir........

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