Cárceles de alta y máxima seguridad, cuarteles policiales, fiscalías, tribunales, puertos, aeropuertos, instalaciones energéticas y determinados eventos masivos necesitan análisis específicos de vulnerabilidad aérea.

Durante años observamos los drones como una tecnología esencialmente civil. Los asociamos con fotografía aérea, agricultura, vigilancia de infraestructura, emergencias o recreación. Luego, la guerra entre Rusia y Ucrania terminó de demostrar que un artefacto relativamente barato, comercialmente disponible y modificable puede alterar profundamente la relación entre quien ataca y quien se defiende.

El siguiente paso ya está ocurriendo. Esa innovación está migrando desde el campo de batalla hacia el crimen organizado.

Un reciente informe de la Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC) lleva un título que debiera llamar nuestra atención: Crime by Drone: A New Paradigm for Organized Crime.

Su tesis central es particularmente relevante para la reconfiguración criminal que observamos en América Latina, pues indica que la delincuencia organizada ya utiliza drones para vigilancia y contrabando, pero las innovaciones tácticas desarrolladas en Ucrania podrían producir un cambio mucho más profundo en la manera en que operan las organizaciones criminales.

La investigación advierte que la tendencia apunta hacia organizaciones que los utilizan con cada vez mayor escala y sofisticación, integrándolos dentro de un verdadero ecosistema criminal de inteligencia, logística, protección, coerción y violencia.

México ofrece probablemente el laboratorio criminal más avanzado de esta transformación en nuestro continente. Los carteles comenzaron hace más de una década a utilizar drones modificados para contrabando y posteriormente para vigilancia. Hacia 2017 ya existían antecedentes de su armamentización y, desde entonces, su utilización se ha extendido hacia ataques contra organizaciones rivales, fuerzas de seguridad y comunidades.

Vanda Felbab-Brown, directora de la Initiative on Nonstate Armed Actors de Brookings y una investigadora muy reconocida en crimen organizado, economías ilícitas, insurgencia y seguridad advertía este año que los grupos criminales mexicanos los emplean no solamente para reconocimiento, sino también para control territorial y de población: observar movimientos, detectar despliegues policiales, atacar objetivos e intimidar comunidades.

Ese último punto merece especial atención.

En conversaciones que he sostenido con periodistas comunitarios mexicanos —personas que trabajan precisamente en territorios donde la presencia criminal forma parte de la vida cotidiana— aparece una percepción que las estadísticas difícilmente capturan: el dron que sobrevuela una comunidad no necesita lanzar una bomba para producir efectos. Puede bastar con que la población sepa, o crea, que está siendo observada. Saber........

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