El desafío es avanzar hacia un modelo distinto: uno donde la rehabilitación visual sea una política pública permanente, integrada al sistema de salud y al Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, con cobertura garantizada y una red de instructores a nivel país.

En Chile, perder la vista también puede significar perder el derecho a moverse con autonomía. Mientras el país avanza en discusiones sobre infraestructuras inteligentes y ciudades modernas, existe un grupo de ciudadanos para quienes cruzar la calle o llegar al trabajo sigue dependiendo de un aprendizaje que el Estado no garantiza: la Orientación y Movilidad (O&M).

La Orientación y Movilidad no es un complemento. Es la base de la autonomía.

La Ley 20.422 es clara en su papel, pero ambigua en su ejecución. En su artículo 14, reconoce la rehabilitación como un derecho esencial para desarrollar las habilidades físicas, cognitivas y sensoriales necesarias para la autonomía. Sin embargo, en la práctica, este mandato se diluye. Las cifras del reciente Censo 2024 son elocuentes: el 4,8% de la población –unas 847 mil personas– declara dificultades visuales severas. Si cruzamos esto con........

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