La discusión sobre secreto bancario revela un problema más profundo: qué ocurre cuando las democracias comienzan a perder capacidad para identificar quién controla el poder económico.

Las últimas semanas han estado marcadas por una discusión aparentemente técnica: si el Estado debe o no contar con mayores facultades para acceder a información bancaria en investigaciones relacionadas con crimen organizado.

La controversia sobre el secreto bancario, las investigaciones recientes sobre lavado de activos y la creciente preocupación por la infiltración de organizaciones criminales en mercados legales han devuelto este tema al centro del debate público.

Sin embargo, la cuestión de fondo probablemente no sea la que estamos discutiendo.

Durante siglos, los Estados desarrollaron instrumentos para saber quién posee qué, quién controla qué y quién responde por qué. La democracia moderna se edificó sobre esa infraestructura de legibilidad. De allí que la discusión actual no gire únicamente en torno a la privacidad financiera. También involucra la aptitud del Estado para comprender los procesos económicos que pretende gobernar.

La cuestión decisiva no es cuánto sabe el Estado sobre los ciudadanos, sino cuánto puede dejar de comprender sin comenzar a perder margen efectivo de gobierno.

Cuando se habla de narcoestado suele pensarse en policías capturados, autoridades corruptas, carteles que desafían abiertamente al gobierno o territorios fuera de control. La experiencia internacional muestra, sin embargo, que los procesos de deterioro institucional rara vez comienzan de esa manera.

Antes de aparecer en las calles, suelen desarrollarse en los balances. Y antes de expresarse mediante violencia, suelen hacerlo mediante opacidad.

Así, la pregunta relevante para........

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