Lo que está en juego no es solo el patrimonio natural de Chile, sino también nuestra credibilidad financiera, nuestra competitividad internacional, la salud de nuestra población y, en última instancia, el futuro de nuestros hijos y nietos.

En sus primeros días de gobierno, el Presidente José Antonio Kast tomó una decisión que encendió todas las alarmas: retiró 43 decretos ambientales impulsados por el Gobierno de Boric, la mayoría a punto de entrar en tramitación final.

Por supuesto, no fue un acto administrativo menor, ya que se referían a normas fundamentales para la calidad del aire, la protección de ecosistemas únicos en el planeta y la conservación de especies en peligro de extinción. Con ese gesto nos dejó claro que para él la salud de los chilenos y la protección de nuestro patrimonio no eran prioritarios.

Más aún, lo primero es la desregulación a favor de los grandes intereses económicos con el pretexto de atraer inversiones, crear empleos y conseguir un rápido crecimiento económico, algo difícil de entender, ya que en esta época de caos económico, guerras y alzas en el precio del petróleo tales objetivos se asemejan más a intentos de alcanzar lo inalcanzable. La visión que proyecta se asemeja más a un espejismo que a un plan concreto para el crecimiento económico y social.

Los 43 decretos ambientales suspendidos por Kast no eran ocurrencias ideológicas del Gobierno saliente. Eran el resultado de años de estudios técnicos, consultas ciudadanas y procesos institucionales diseñados para proteger la salud de los chilenos y el patrimonio natural del país.

Entre los decretos suspendidos figuraba la actualización de la norma de calidad del aire para material particulado fino (MP2,5). Este contaminante, generado principalmente por la calefacción a leña en la zona centro-sur y por fuentes industriales, es responsable de miles de muertes prematuras cada año en Chile.

Según las estadísticas oficiales, cada año se registran más de cuatro mil muertes prematuras atribuibles a la contaminación atmosférica, con un costo sanitario estimado en 2 mil 300 millones de dólares anuales. La nueva norma tenía por objetivo reducir los límites máximos permitidos de MP2.5, salvando miles de vidas y evitando costos sanitarios millonarios.

También quedó en pausa el control de la contaminación industrial mediante límites a emisiones tóxicas, en particular a las emisiones de arsénico en fundiciones de cobre y las restricciones a centrales termoeléctricas a carbón.

El arsénico es un metal pesado altamente tóxico que afecta gravemente la salud de las comunidades cercanas a las fundiciones, en especial en regiones como Valparaíso y Atacama. Las termoeléctricas a carbón, por su parte, son responsables de gran parte de las emisiones de gases de efecto invernadero del país.

La medida también frenó la protección de ecosistemas, entre ellos, la protección de la Red de Salares, ecosistemas clave para la biodiversidad y para la extracción de........

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