Los tribunales existen para proteger derechos, no para racionalizar su pérdida. Cuando la ley deja de incomodar al poder armado, deja de ser derecho. Y cuando eso ocurre, el problema ya no es un fallo: es el tipo de Estado que estamos construyendo.

Este fallo no es solo injusto. Es jurídicamente incorrecto. El Estado no puede causar un daño extremo sin una justificación extrema. Aquí no la hubo. El tribunal reconoce que un agente estatal disparó un arma institucional y causó una ceguera total e irreversible. En un Estado de Derecho, ese hecho impone una carga máxima de explicación. No basta el contexto. No basta el riesgo. No basta el relato. La justificación debe ser estricta, probada y excepcional. Nada de eso ocurrió.

La legítima defensa no es una palabra tranquilizadora. Es una estructura jurídica cerrada. Exige agresión real, actual e individualizable, necesidad racional del medio y proporcionalidad estricta. En este caso, ninguno de esos elementos se acredita respecto de la víctima. No hay agresión probada, no hay amenaza inmediata, no hay........

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