El 18 de octubre no fue un accidente moral de una multitud extraviada. Fue la factura de décadas de abusos verificados. Negarlo –o reducirlo a saqueos– es preparar el próximo estallido.

Quien reduce el estallido social chileno del 18 de octubre de 2019 a sus episodios violentos no está describiendo la realidad: está seleccionando una parte de ella para relativizar la verdad. Es una operación intelectual y políticamente pobre. Naturalmente, la violencia debe ser rechazada. Pero rechazar la violencia no autoriza a negar que más de 1 millón de personas salieron a las calles porque sentían que el país que se les ofrecía como exitoso descansaba parcialmente sobre abusos, endeudamiento, desigualdad y maltrato.

La protesta no fue un accidente moral de una multitud extraviada: fue la irrupción pública de una sociedad cansada de ser tratada como consumidora endeudada antes que como comunidad política.

Este documento sostiene cuatro proposiciones que el debate público chileno tiende a confundir.

Primera: la violencia ocurrió, fue grave y dañó la legitimidad del movimiento, pero no explica la masividad social. Ningún país moviliza millones de personas únicamente por vandalismo.

Segunda: el malestar tiene causas estructurales identificables, documentables y verificables. La acumulación de abusos –del mercado y del Estado– erosionó durante décadas la legitimidad del modelo.

Tercera: la libre competencia no es libertad económica espontánea; requiere instituciones activas que la sostengan. Cuando esas instituciones se debilitan o se desmantelan, el mercado degenera en concentración, captura y abuso organizado.

Cuarta: el problema no es la existencia de abusos puntuales, sino la configuración de un modelo económico e institucional que toleró durante décadas los incentivos estructurales al abuso, mientras la regulación se mantuvo laxa, la fiscalización insuficiente y la autorregulación empresarial se reveló como mito.

II. El error de reducir el 18-O a violencia

El 18 de octubre de 2019 no apareció de la nada. Fue la expresión visible de una fractura largamente acumulada. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo había advertido en Desiguales (2017) que la desigualdad chilena no era solo económica, sino también de trato, dignidad, salud, educación y reconocimiento.

El mismo informe registraba que un 41% de la población chilena declaraba haber sufrido malos tratos en el último año, asociados principalmente a clasismo y machismo. Ese número no es retórico: describe una experiencia material acumulada de humillación cotidiana.

El 25 de octubre de 2019, una semana después del estallido inicial, alrededor de 1,2 millones de personas se manifestaron en Santiago en una movilización descrita –por todos los observadores presentes, incluidos los más críticos– como masiva, festiva y mayoritariamente pacífica. Ese hecho no puede ser borrado por los episodios violentos. Del mismo modo que los episodios violentos no pueden ser usados para negar la existencia del malestar social.

Reducir el 18-O a saqueos es, intelectualmente, un error de muestreo: tomar una parte minoritaria del fenómeno y presentarla como el todo. Es, políticamente, una operación de desactivación: si todo fue violencia, entonces no hay agravio que reparar; si solo hubo delincuentes, entonces el modelo no necesita ser revisado; si la protesta no fue legítima, entonces los pactos sociales que vinieron después –el proceso constitucional, las agendas de seguridad social, las reformas tributarias– pierden fundamento.

La reducción del estallido a violencia es, en estricto rigor, una herramienta de restauración: pretende devolver el debate al punto previo al 18 de octubre, como si nada hubiera ocurrido.

Esta operación, además, descansa sobre una intuición falsa: la idea de que las sociedades estallan por accidente. Las sociedades no estallan porque sí. Estallan cuando las élites se acostumbran demasiado........

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