La crisis ha provocado bajas, mayoritariamente de enfermos que se quedaron sin insumos ni medicamentos. Algunos hospitales denuncian que sus reservas de oxígeno se agotarán este fin de semana.

Bolivia vive nuevamente una crisis. Más de un mes de bloqueos, una economía semiparalizada, un severo desabastecimiento especialmente en La Paz y El Alto, una movilización social variopinta de organizaciones sindicales, campesinas y de diferente tipo desafían la autoridad del gobierno de Rodrigo Paz.

Hasta el momento, la situación ha sido tratada mediante diversas iniciativas de diálogo, todas de momento infructuosas. Sectores radicalizados de la movilización plantean la renuncia del presidente. El país vive una convulsión, especialmente en su zona andina, pero aclaremos: hasta la fecha, pese a lo prolongado del movimiento y al enorme desorden social y económico, los enfrentamientos no pasan de duros choques urbanos. La Paz no es Gaza, lo que no niega que existan grupos radicalizados que, armados de bastones y algunos viejos fusiles Mauser, marchen demandando “ahora sí, guerra civil”.

La crisis ha provocado bajas, mayoritariamente de enfermos que se quedaron sin insumos ni medicamentos. Algunos hospitales denuncian que sus reservas de oxígeno se agotarán este fin de semana.

Ante este cuadro se vuelven a plantear algunas preguntas recurrentes en la historia política boliviana: ¿es posible una negociación? ¿Cuál es la naturaleza de esta crisis? ¿Se puede producir una crisis institucional?

Algunas de estas interrogantes no son nuevas; en especial, al inicio de esta, la abordamos en una primera reflexión publicada en este medio llamada “Bolivia, entre un Estado débil y una sociedad civil díscola”. Los principales elementos allí planteados siguen plenamente vigentes. ¿Cuál es el escenario o los escenarios más probables?

Estado de excepción o negociación

Muchos se preguntarán por qué el gobierno no ha decretado un estado de sitio que despeje los caminos. La respuesta es simple: no existe una legislación que norme esta situación. Antaño había una ley, pero fue derogada. Ha trascendido además que las propias FF. AA. han demandado al poder político un marco jurídico claro que regule el eventual actuar de los uniformados en asuntos de seguridad interior.

El Senado se reunió, pese al feriado religioso, el 5 de junio y logró un amplio acuerdo en torno a un proyecto que le permite al gobierno, mediante decreto fundado, declarar la intervención de las FF. AA. por 90 días. Pasó a la Cámara de Diputados y se prevé que será aprobado.

En forma paralela se intensifican las iniciativas de diálogo. En los próximos días veremos qué camino avanza. La........

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