La experiencia contemporánea nos demuestra que el delito transnacional busca penetrar los Estados, ya sea para intentar comprar a funcionarios, o enterarse con antelación de los planes y políticas que se están diseñando.

Hace algunos años, un alto oficial de la policía colombiana me manifestó su asombro por el nivel de publicidad que en Chile imperaba respecto a los bienes y fortuna de las personas. “Le están indicando a la delincuencia cuánto pueden cobrar por un secuestro” fue su comentario. Tomé nota, pero en ese momento el secuestro virtualmente no existía en Chile.

Hoy no es así. La información de las personas debe ser cuidada, por cierto, asegurando la debida transparencia cuando responsablemente sea solicitada por parte de órganos de control, por sectores ciudadanos o por poderes del Estado, como el Congreso, o instituciones como la Contraloría y el Servicio de Impuestos Internos, entre otros.

En su momento el debate se estableció en lo anterior: la transparencia de la información. Pero hay otro elemento que hoy quiero destacar: el manejo de la misma, sobre todo al interior del Estado.

Todo Estado maneja información sensible respecto de su propia seguridad. En tiempos ciber, la seguridad se transforma en un poderoso bien en disputa y son conocidos por todos los diversos casos de hackeo que han sufrido diversos organismos estatales.

Pero por muy sofisticados que sean los sistemas de intrusión basados en alta tecnología, la inteligencia humana, la que proveen los seres humanos (sean agentes o no), ya sea por........

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