El proyecto de ley exige también estar en posesión de una cédula de identidad para postular a una serie de prestaciones sociales, lo cual podría tener un serio impacto en el acceso a la educación de muchos hijos de migrantes indocumentados.

El proyecto aprobado recientemente por la Cámara de Diputadas y Diputados, que modifica la Ley 21.325 sobre Migración y Extranjería, restringiendo los derechos de las personas en situación migratoria irregular, presenta una serie de aspectos muy problemáticos desde el punto de vista del Derecho Internacional y de la garantía de los derechos humanos.

Entre tales aspectos, resaltan por su importancia el acceso a la salud y a la educación. El proyecto ha pasado al Senado, donde es muy importante que se lo revise a cabalidad y se asegure su compatibilidad con los tratados internacionales de los que en Chile es parte, ya que en su estado actual vulnera el Derecho Internacional de diversas maneras.

Conviene comenzar señalando que existe una especie de mito urbano -no solamente en Chile sino también en otros países- según el cual la población migrante recibiría una mejor atención de salud o que tendría una mejor garantía de su acceso a la educación que los nacionales. Se trata de afirmaciones sin ninguna clase de sustento empírico, que se repiten con frecuencia.

Uno de los aspectos más graves del proyecto de ley consiste en que, conforme a este, “se podrá priorizar la distribución de las atenciones........

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