Para abordar la crisis de convivencia escolar se tendría que haber desarrollado una ley que robusteciera la autoridad pedagógica de los  profesionales de la educación; que otorgara herramientas eficaces para abordar los conflictos al interior de las escuelas y más medidas.

El año pasado, según los datos publicados por la Superintendencia de Educación, se interpusieron más de 17.000 denuncias por convivencia escolar, abarcando un 75% del total del 2025. En este contexto, es importante hacer una revisión de una política pública que ataca de mala forma esta problemática.

En 2024 el Ejecutivo presentó un proyecto de ley sobre convivencia escolar que concluyó su tramitación este año, por lo que prontamente se convertirá en ley.

El proyecto, en vez de facilitar el manejo de los conflictos y solucionar deficiencias del sistema, impondrá un listado de obligaciones que sólo entorpecerán su gestión, desviando la atención de los equipos docentes y directivos de sus funciones pedagógicas, obligándolos a lidiar con un montón de ataduras administrativas que se van a sumar a las innumerables obligaciones burocráticas que ya asfixian a las comunidades educativas, además de no contemplar un financiamiento adecuado que permita su materialización.

Sólo por nombrar algunos ejemplos, regula extensamente cada circunstancia que pueda darse, imponiendo por ley las medidas específicas que deben adoptar los colegios para enfrentarlas. También establece de forma detallada el contenido que debe incorporarse a los reglamentos internos, convirtiéndolos en manuales extensos y rígidos que, por su naturaleza, debieran ser instrumentos flexibles y capaces de adaptarse a los cambios. A su vez, obliga a todos los establecimientos a contar con un equipo a cargo de la convivencia educativa, cuyo coordinador debe ser un profesional altamente especializado, sin entregar a los colegios los recursos necesarios para efectuar dichas contrataciones. También, establece una multiplicidad de protocolos y procedimientos que, incluso, van a tener que ser aplicados simultáneamente respecto de los mismos hechos, lo que puede elevar la gravedad de los conflictos y afectar negativamente la convivencia.

Los problemas de esta ley se pueden agrupar en dos aristas que se relacionan estrechamente entre sí. En primer lugar, la regulación excesiva y la imposición de cargas difíciles de cumplir que conlleva esta iniciativa socava la autonomía de los establecimientos educacionales y vulnera el derecho que estos tienen de decidir libremente su estructura interna, cuando el obligado a garantizar estos derechos es, irónicamente, el Estado. En segundo lugar, las altas exigencias que derivan de esta regulación implican un desembolso  considerable de recursos de los establecimientos. Pese a que la ausencia absoluta de financiamiento para apoyar a los colegios en la implementación de esta normativa fue una crítica constante a lo largo de toda su tramitación, el Ejecutivo omitió su provisión.

Las conclusiones al respecto son claras. Para abordar la crisis de convivencia escolar se tendría que haber desarrollado una ley que robusteciera la autoridad pedagógica de los profesionales de la educación; que otorgara herramientas eficaces para abordar los conflictos al interior de las escuelas; que entregara a los establecimientos un financiamiento adecuado para implementar medidas efectivas para revertir el deterioro de la convivencia; que fortaleciera el rol de las familias en la educación de sus hijos; y que disminuyera la alta carga administrativa a la que se encuentran sometidos los equipos directivos y docentes, para que puedan enfocar su labor a las funciones que les son propias: educar y formar a los niños, niñas y jóvenes de nuestro país. Por el contrario, se eligió desarrollar una legislación que profundiza las deficiencias del sistema, que fortalece el control del Estado y no entrega ningún mecanismo capaz de abordar de forma efectiva las dificultades de convivencia que hoy afectan a las comunidades educativas. Esto, a todas luces, perjudica a las escuelas, y cuando pierde la educación, pierde Chile.

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