Para los dictámenes que afecten diseño de política pública debería establecerse alguna forma de consulta pública obligatoria: las decisiones con efectos equivalentes a normas no pueden ser patrimonio exclusivo de un organismo que nadie eligió.

Kast llegó a La Moneda prometiendo la motosierra. Recortes, menos Estado, menos burocracia, menos gasto. Lo que nadie anticipaba del todo es que una parte importante de ese trabajo ya lo estaba haciendo alguien más, desde antes, sin campaña electoral, sin debate parlamentario y con el sello de legalidad que da un dictamen de Contraloría. Esa alguien es Dorothy Pérez. Y la paradoja es que la nombró Boric.

Pérez fue nominada por el gobierno anterior, ratificada con 46 votos en el Senado, celebrada como símbolo de meritocracia y modernización institucional. Menos de dos años después, la CUT la acusa de precarizar el empleo público, el gobierno anterior discutía en privado sus dictámenes sobre el Fondo de Educación Superior y una publicación la describía tomando decisiones coherentes con el pensamiento de José Antonio Kast. Hoy, con Kast en La Moneda, la pregunta ya no es incómoda para la izquierda solamente. Es incómoda para cualquiera que se pregunte quién controla realmente al controlador.

La respuesta más honesta no es que Pérez haya traicionado al gobierno que la designó. Es que la Contraloría tiene una lógica propia que tiende estructuralmente hacia la restricción del Estado, con independencia de quién la conduzca. No es una persona. Es una institución con cultura, con jurisprudencia acumulada, con un modo de ver el mundo formado en décadas de control cautelar. Pérez no la torció. La siguió. Y en el Chile de junio de 2026,........

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