El campo colombiano recibió hace pocos días una cifra incómoda. Mientras la economía nacional creció 3,5 % durante el segundo trimestre de 2026, el valor agregado de la agricultura, la ganadería, la silvicultura y la pesca cayó 4,4 % frente al mismo periodo del año anterior, según el Dane. Detrás de ese resultado están los productores que enfrentan fenómenos climáticos, menores ingresos por la caída del dólar, mayores costos laborales y créditos cuyas cuotas no siempre guardan relación con el momento de la cosecha. En medio de esa coyuntura, el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, presentó ante la Convención Bancaria tres propuestas que merecen ser examinadas: reformar el crédito agropecuario, formar 70.000 jóvenes rurales cada año y movilizar más de $8 billones hacia la Orinoquía y la Altillanura.

Hay un cambio que conviene reconocer. El Ministerio comienza a hablar con mayor claridad de flujo de caja, inversión de largo plazo, seguridad jurídica, capital privado, agroindustria y formación empresarial. Son conceptos que durante mucho tiempo aparecieron de manera fragmentada dentro de la política rural. La tierra, los subsidios y la atención de emergencias siguen siendo asuntos indispensables, pero pierden capacidad transformadora cuando no están conectados con productividad, financiamiento, asistencia técnica y mercados. La nueva orientación parece comprender que el desarrollo rural no consiste únicamente en........

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