Libres por culpa de la Fiscalía o por la ineficiencia de un juez que admite cualquier excusa. La libertad por vencimiento de términos no es un regalo para los delincuentes. Es una garantía legítima: nadie puede pasar la vida en una cárcel esperando a que el Estado decida si lo acusa o no. Lo inaceptable es que esa garantía se haya convertido en la puerta de salida de los procesados por corrupción, por culpa de la lentitud y la desidia de quienes deberían acusarlos.

En abril, un tribunal de Bogotá dejó libre al exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, procesado por el escándalo de la Ungrd. En mayo, salió Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las regiones, señalada de mover sobornos hacia congresistas. La semana pasada, la Corte Suprema dejó en libertad a los expresidentes del Congreso Iván Name y Andrés Calle. Tampoco es un fenómeno nuevo. En 2022, ocurrió lo mismo al exgobernador de Santander, Richard Aguilar, acusado de cobrar comisiones en contratos;  en julio de 2025, fue el exalcalde de Pereira, Carlos Maya, procesado por la avenida Los........

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