Apoyo el estatuto antiterrorista que el Gobierno llevará al Congreso. Las cifras no dejan espacio para la tibieza. En agosto de 2025, un camión bomba en Cali dejó seis muertos y ochenta heridos. Y el secuestro casi se duplicó entre 2024 y 2025. Entre enero y mayo de este año, la Defensoría del Pueblo registró 121 ataques con drones, que dejaron 21 muertos y 145 heridos. En abril, una bomba escondida en una alcantarilla de la vía Panamericana, cerca de Cajibío, mató a 21 civiles. Eso no es delincuencia común. Es terrorismo, y el Estado necesita herramientas a la altura de la amenaza. Se necesitan instrumentos eficaces para perseguir a quienes asesinan, reclutan menores, destruyen infraestructura, utilizan drones con fines criminales, lavan dinero y sostienen sus organizaciones mediante minería ilegal, activos virtuales y otras economías ilícitas.

De lo que se ha podido conocer, el proyecto tiene aciertos que vale la pena defender. Le da por fin base legal a la lista de organizaciones terroristas que existe desde 2020 y que hoy funciona sin ley. Persigue el........

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