Al término del gobierno de Gabriel Boric conviene resistir dos tentaciones simétricas: la elegía generacional y la demolición retrospectiva. Ni estamos ante una gesta trágicamente incomprendida, ni ante un país que «se cae a pedazos» por obra de una administración fallida. El balance exige distinguir momentos, separar planos, ponderar resultados gruesos y comprender el ciclo político más amplio en el que este gobierno se inscribe.

Por mi parte, vengo observando este proceso quincenalmente, sin adscripción ni  animadversión partidaria, con el ánimo de comprenderlo como un fenómeno más sociológico-cultural que como drama personal o una cuestión de trincheras.

Desde esa perspectiva, el gobierno de Boric puede leerse como la historia de una promesa generacional que se jugó en la arena constituyente, sufrió una derrota decisiva y luego derivó hacia un ejercicio de aprendizaje y gestión bajo severas restricciones estructurales y con claras debilidades de conducción.

Un «gobierno corto»: épica generacional y apuesta refundacional

El gobierno nació investido de una autoconciencia singular: se pensaba —y así lo proclamaba— como un gobierno generacional, expresión de una nueva izquierda latinoamericana que en Chile había emergido con fuerza al calor del estallido del 18 de octubre de 2019. No era solo un recambio de élites; en su propio relato, era un cambio de paradigma, otro modelo de desarrollo y sociedad.

Esa autopercepción tenía tres rasgos. Primero, una fuerte impronta moral: el 18-O operaba como mito fundacional, como momento de revelación de las injusticias acumuladas y de legitimación de un programa transformador. Era la culminación de las luchas estudiantiles de 2006 y 2011. Segundo, una crítica explícita al ciclo concertacionista, presentado como una etapa de reformas insuficientes, acomodamiento institucional y captura tecnocrática. El fantasma neoliberal. Tercero, la convicción de que el proceso constituyente en curso era la vía privilegiada para reconfigurar el modelo de desarrollo, la arquitectura del Estado y el pacto social. Nótese: en contra de toda fraseología belleletristica, de izquierdas románticas o literarias, aquí aparecía un grupo dispuesto a superar las limitaciones del capitalismo mediante una ruptura democrática.

En el plano político concreto, esta autoimagen se articulaba en torno al eje Frente Amplio–Partido Comunista. Allí convivían dos tradiciones distintas: la inexperiencia —y frescura— de una generación formada en las movilizaciones estudiantiles y la posmodernidad cultural, y la densidad histórica de un partido que, aun adaptado a la institucionalidad democrática, mantiene una autocomprensión de izquierda estructural, con un horizonte revolucionario de largo plazo. Se conjugaban allí una izquierda «post» todo, del futuro y sin lastre histórico aparente, y la izquierda anacrónica de las revoluciones del siglo XX, aplastada por los recuerdos y los escombros de la historia.

Esa combinación resultó electoralmente productiva, pero culturalmente tensionada, como era de imaginar.

La conformación del primer gabinete reflejó esa mezcla. Hubo un núcleo duro proveniente del eje FA-PC y un segundo anillo con figuras de trayectoria en el Socialismo Democrático, el bacheletismo y la Concertación. Era un equilibrio frágil, tanto al interior del núcleo como entre este y su anillo externo.

La juventud, la falta de experiencia ejecutiva y una lectura excesivamente optimista del momento histórico dificultaron la instalación inicial. A los pocos meses, la realidad impuso un recambio ministerial significativo y el Partido Socialista —y, más ampliamente, el Socialismo Democrático— pasó a ocupar posiciones claves en la gestión política y económica. El detonante fue la derrota del gobierno al rechazarse —por una amplia mayoría— la propuesta radical y rupturista de la Convención Constitucional.

Allí llegó a su fin el «gobierno corto» de Boric; su primer, dramático momento, el período durante el cual se abrazó a la Convención Constitucional, bajo el entendido de que, al imponerse, abriría de par en par las compuertas del cambio y a un programa refundacional.

En efecto, el Ejecutivo no fue un mero espectador de nuestro «momento constitucional». Al contrario, lo imaginó como el preludio de las grandes transformaciones que venían inscritas en la nueva Carta constituyente. El Presidente Boric y su equipo político alentaron, acompañaron y, en buena medida, apostaron su destino político a la aprobación de aquel texto.

La propuesta constitucional condensaba la promesa generacional: nuevo paradigma en materia de derechos sociales, reconocimiento plurinacional, transformaciones ambientales profundas, rediseño del sistema político y perspectivas culturales portadoras de cambios en el plano de las identidades de género, de la comprensión de los cuerpos, de la naturaleza y de la moral. La transformación estaba próxima y no sería solo política-económica; sería estructural y simbólica la vez.

Sin embargo, este proyecto adoleció de un problema que no fue solo comunicacional: sobrestimó la disposición de la sociedad chilena a transitar, en un solo movimiento, hacia un nuevo marco institucional de gran densidad ideológica, normativa y conceptual. Había, además, voluntarismo respecto de los límites fiscales e ingenuidad respecto de las capacidades estatales y de las dificultades para articular mayorías duraderas en torno a transformaciones de esa envergadura.

El plebiscito del 4 de septiembre de 2022 fue el momento de la verdad para la generación gobernante; no el 18-O, como sus cabezas pensantes y sus estrategas habían imaginado. Aquel fue un malentendido histórico de proporciones. En efecto, ese rechazo contundente no solo clausuró el texto refundacional, sino que además dejó al gobierno sin el eje programático que organizaba su horizonte. Allí termina, en sentido sustantivo, el primer gobierno de Boric. Fue un fracaso político estrepitoso. Implicó la derrota de la apuesta central que daba coherencia a la identidad de una generación que soñó con llevar la revolución desde las calles hasta la sede del poder.

Del impulso refundacional a la gestión

La derrota plebiscitaria produjo un doble efecto. Hacia afuera, reordenó el sistema político. Hacia adentro, obligó al gobierno a emprender una operación de ajuste ideológico y estratégico.

Sin proyecto constitucional como marco de acción, el Ejecutivo quedó reducido —literalmente— a un gobierno de gestión. Ya no se trataba de inaugurar un nuevo ciclo histórico, sino de administrar el Estado en condiciones adversas: minoría parlamentaria, oposición endurecida, coalición tensionada y un clima cultural cada vez más inclinado hacia el orden y la seguridad.

Comenzó entonces el «gobierno largo«, más parecido —aunque en condiciones muy distintas— a las administraciones de centroizquierda previas, especialmente al de Bachelet II, pero sin grandes reformas. Un gobierno obligado a negociar, a moderar expectativas, a revisar prioridades y a incorporar —con sus obvias dificultades— el lenguaje de la responsabilidad fiscal y de la gobernabilidad institucional.

Cuesta imaginar, retrospectivamente, la cantidad de ajustes difíciles a los que se vio obligado el Presidente, el personal de primera línea (ministros, subsecretarios, directores de división, embajadores políticos, asesores del segundo piso) y los partidos del núcleo FA y PCCh. No fue solamente un cambio de piel; requirió, además, una transformación interior: desarrollar una nueva sensibilidad, abandonar el lenguaje identitario, reconocer gradualmente los (hasta ayer) odiosos 30 años, levantar un monumento al personaje símbolo de la transición (Boric a la sombra de Aylwin); en fin, reemplazar, sobre la marcha, el horizonte político-cultural de una generación que, de golpe, había quedado sin sustento en la sociedad.

No fue un tránsito lineal ni exento de contradicciones. Usar o no corbata se convirtió en una señal de comunicación política. El oficialismo siguió dividido en dos almas: una más proclive al gradualismo reformista, otra más anclada en la épica transformadora. La tensión entre ambos anillos acompañó durante todo el período, hasta los últimos días. Pero el centro de gravedad se desplazó hacia la gestión pragmática. El principal balance se convierte en una cuestión de aprendizaje.

Aprendizaje gubernamental: ¿camino sin retorno?

Para el análisis de esta cuestión, conviene separar el plano del liderazgo presidencial del desempeño gubernamental, como he sostenido en otras ocasiones en esta misma columna.

En cuanto al liderazgo, Boric mostró una capacidad de aprendizaje que merece ser reconocida. No fue un conductor imponente —pocos lo son—, pero tampoco un gobernante dogmático, obstinado ni irresponsable. Tras la derrota constituyente, inició un proceso visible de moderación discursiva y programática. Comenzó a ejercer la negociación como instrumento central, incorporó con mayor convicción el lenguaje del acuerdo y asumió la necesidad de administrar las restricciones.

En términos culturales, el desplazamiento fue notorio. Aquello que en su juventud política había despreciado —la política de las concertaciones, el realismo fiscal, la gestión incremental— se convirtió en una práctica cotidiana. Sin declararlo explícitamente, el Presidente fue adoptando un perfil más próximo a la Socialdemocracia clásica que al imaginario rupturista inicial. No volvió a la corbata, pero su ausencia tampoco fue reemplazada por un nuevo ropaje discursivo. Quedó ahí, más bien, como testimonio de una cierta desnudez; un símbolo de rebeldía que no envejeció bien.

La trayectoria del aprendizaje presidencial tuvo dos frentes especialmente exigentes: la seguridad y el crecimiento económico. Para sectores significativos del Frente Amplio y del Partido Comunista, la seguridad aparece asociada al Estado represivo; el crecimiento, a la expansión extractiva y destructiva del capitalismo. Ambos temas se sitúan, por tanto, en tensión con la sensibilidad moral de esas izquierdas.

Con todo, gobernar exige asumir aquello que resulta moralmente incómodo. Hay que descender de la cumbre de los valores al llano de las responsabilidades. En materia de seguridad, el Presidente impulsó un reforzamiento institucional relevante: nuevas leyes, mayor coordinación interagencial, creación del Ministerio de Seguridad Pública, incremento de recursos policiales, políticas de mano dura, aunque a veces a costa de una débil excusa: «La ley Naín Retamal no es una iniciativa del gobierno, es la fusión de diversas iniciativas de parlamentarios«, dijo Boric.

Entre el oficialismo de izquierdas, el descontento fue evidente. Según declaró la presidenta de la Fundación Nodo XXI, centro de estudios cercano al FA : «Habría que haber sido firmes en decir que, por supuesto, todo el apoyo al mundo de Carabineros y todas las reformas que se tenían que hacer en los procesos penales y de investigación, pero para mejorar esas cuestiones y darle apoyo a Carabineros no era necesario apoyar y promulgar esa ley«.

Todo esto en un contexto en el que el crimen organizado y la violencia ya venían en ascenso desde años previos, algo que suele olvidarse. Comparativamente, no cabe duda, por tanto, de que el actual gobierno, al concluir, puede reclamar para sí —le guste a sus partidarios o no— haber contribuido a mejoras en este frente decisivo. No hubo milagros, pero sí un esfuerzo sostenido para recuperar capacidades estatales.

En economía, el Ejecutivo mantuvo la disciplina macroeconómica heredada, colaboró con el Banco Central en el proceso de desinflación y buscó estabilizar las expectativas. A pesar de las polémicas en curso, el balance al cierre, según manifiesta el IPoM de diciembre pasado, es sobriamente satisfactorio:

La economía chilena ha seguido creciendo, destacando el dinamismo de la inversión. La actividad económica del país ha evolucionado en línea con lo esperado. En la demanda destaca el dinamismo de la inversión en maquinaria y equipos, influida por grandes proyectos de minería y energía. Las proyecciones de crecimiento de la inversión vuelvena aumentar en este IPoM, especialmente este año y el próximo. De acuerdo con el IPoM de diciembre, se espera que la economía chilena crezca 2,4% este año y entre 2% y 3% en 2026. [A la vez], de cumplirse las proyecciones, la inflación (el alza general de los precios) alcanzaría la meta de 3% en el primer trimestre de 2026.

Sin duda, en el plano económico, la iniciativa más interesante del gobierno Boric fue el impulso a la colaboración público-privada a través del acuerdo Codelco-SQM en un área estratégica para la inserción de nuestra economía en la transición energética en curso. Sin respaldo presidencial, es probable que dicho acuerdo no hubiese podido materializarse.

Del lado negativo, el desempleo se mantiene sin variaciones significativas, con el agravamiento de una alta informalidad (26,8% durante el trimestre octubre-diciembre de 2025, según el INE, pero de larga data) y  presiones fiscales que, hacia el final del período, encendieron polémicas tanto retrospectivas como prospectivas.

En breve, hubo aprendizajes significativos desde el vértice de la administración hasta la gestión de los sectores más complejos, como la seguridad y el crecimiento de la economía. Pero, ¿se trató de aprendizajes profundos, capaces de modificar de manera duradera la visión del Presidente y su generación respecto del capitalismo democrático y sus tensiones? Es una pregunta abierta en medio del derrumbe ideológico de las izquierdas.

El tiempo se encargará de decir si fueron adaptaciones tácticas o si equivalieron a una transformación cultural genuina.

De modo que, miradoen conjunto, el gobierno puede exhibir una trayectoria bastante normal, aunque no espectacular, salvo en el punto del giro ideológico-político de septiembre de 2022, apenas inaugurado.

En materias de seguridad, como se ha señalado, hubo un despliegue institucional inédito en décadas recientes. Los resultados, sin embargo, si se miden por la percepción de la gente manifestada en las encuestas y el voto a nivel nacional, muestran una difundida inseguridad y el sentimiento de vidas amenazadas en las calles y los hogares.

En la economía, a pesar de los peores presagios, no hubo un descontrol macroeconómico. La desinflación fue un logro importante para el bienestar cotidiano. Se avanzó , además, en la remoción de obstáculos regulatorios para la inversión —al menos en la legislación— y en la mantenimiento de la apertura comercial en un entorno global turbulento. La más reciente confrontación entre la política de seguridad nacional del caótico Presidente Trump y la política gubernamental chilena sobre cables submarinos deja al descubierto un flanco débil de nuestras relaciones exteriores en medio del reacomodo geopolítico global. El gobierno de Boric saldrá  mal parado de este asunto.

En el ámbito social, la reforma previsional —resultado de negociaciones prolongadas— estableció un sistema mixto que mejora las pensiones y crea un componente de seguro social. La reducción gradual de la jornada laboral a 40 horas y el fortalecimiento de la PGU constituyen avances relevantes. También se consolidó una agenda de equidad de género y se profundizaron las políticas ambientales, a veces llevadas al límite de la exasperación regulatoria.

No hubo retroceso en materias sociales, como podría haber sido un aumento de la pobreza, pero tampoco ningún avance sustantivo en las materias más sensibles para la población: atención de salud, vivienda (versus campamentos), educación, transporte y regularización de la inmigración.

Frente a la enormidad (e irrealidad) del sueño generacional, la realidad impuso la doctrina del muddling through («salir del paso», «arreglárselas»), que es la manera más habitual de progresar en materias hipercomplejas, entre las trabas positivas que impone la democracia y las restricciones negativas del encuadre fiscal.

Por lo mismo, hay áreas en las que el desempeño fue claramente insuficiente. Nombro dos que importan sobremanera de cara al futuro.

La política educacional careció de un foco estratégico. Si bien se abordó la recuperación de la asistencia tras la pandemia, los resultados del aprendizaje siguen estancados en un nivel  insatisfactorio. La implementación de los Servicios Locales de Educación Pública continúa siendo engorrosa y problemática. El proyecto de reemplazo del CAE por un nuevo sistema de financiamiento (FES) avanzó con dificultades y, al final, quedó atrapado entre las tensiones fiscales y el cambio del ciclo político. Persisten problemas de autoridad en las salas de clase, una oferta insuficiente de salas cuna, una excesiva burocratización en los regímenes de aseguramiento de la calidad y la ausencia de una política de Estado para mejorar la equidad de las oportunidades educativas.

En ciencia e innovación, el reducido gasto en I+D+i respecto de aspiraciones alineadas con el estándar de la OCDE —incluso en su expresión más baja— sigue siendo una debilidad estructural. La gestión de los fondos concursables está entrando en una zona crítica de desconfianza. Ni las áreas STEM ni, menos aún, las ciencias sociales y humanidades se sienten tratadas equitativamente ni a la altura de los desafíos del futuro próximo. En las artes y la cultura, un ámbito donde el liderazgo de la nueva generación de izquierdas parecía especialmente sintonizado, en particular por la figura de un Presidente Boric bibliófilo, las comunidades involucradas se manifiestan descontentas y el Ministerio se despide sin saber cómo justificar el financiamiento de una exposición del «nuevo porno chileno», carente de cualquier  valor público.

Entre negación catastrofista y épica inconclusa

¿Qué deja, entonces, el gobierno de Boric?

En primer lugar, desmiente la tesis catastrofista según la cual el país habría entrado en una espiral de descomposición institucional. Las bases macroeconómicas permanecen razonablemente estables; el Estado ha reforzado capacidades de seguridad y se han aprobado reformas sociales con el acuerdo de los opositores.

Pero tampoco puede sostenerse que estemos ante un gobierno que inaugura un nuevo consenso de desarrollo, cohesión y modernización. No logró instalar parámetros duraderos de gobernabilidad que reordenen el horizonte nacional. En esto se asemeja a las administraciones que lo precedieron desde el fin de Bachelet I: Piñera I, Bachelet II, Piñera II y ahora Boric han gobernado en ciclos cortos, experimentales, sin consolidar una narrativa compartida de futuro.

Quizá pueda decirse que el gobierno de Boric cierra, en realidad, un ciclo breve de ilusiones iniciado en 2019. La promesa refundacional del 18-O fue sometida a prueba y derrotada en las urnas. Desde entonces, el país viene optando por una demanda más existencial: orden, seguridad, crecimiento y estabilidad. El triunfo más reciente de una derecha dura en la elección presidencial es parte de este reacomodo cuya profundidad todavía no podemos dimensionar.

En perspectiva sociológica, lo ocurrido no es solo la historia de un gobierno leve, sino el tránsito de una generación desde la épica contestataria hacia la difícil responsabilidad institucional. Esa transición no es menor y todavía no termina. Podría ser el germen de una izquierda más madura, capaz de combinar ideales con gobernabilidad para la primera mitad del siglo XXI. O bien podría  diluirse en un oportunismo sin horizonte, dejando abierto el espacio a una derecha que prefiere apostar por una democracia protegida, estructuras de jerarquía, y una economía sin frenos para recuperar los animals spirits y un futuro esplendor.

El juicio definitivo queda suspendido pues no corresponde a la coyuntura.

Pero si algo enseña este período es que la política democrática no admite atajos por vía de cambios paradigmáticos. Las reformas duraderas requieren respaldo cultural antes que arreglos circunstanciales; capacidades estatales antes que retóricas securitarias; y una ética de responsabilidad que complemente las convicciones .

El gobierno de Boric no fue el desastre que algunos proclaman ni la revolución inconclusa que otros lamentan. Fue, más modestamente, el aprendizaje de una generación enfrentada a la dureza del mando y a la híper complejidad de la sociedad realmente existente. Y, como tal, constituye un capítulo relevante —aunque no decisivo— en la larga búsqueda chilena por un nuevo equilibrio entre las fuerzas desatadas por la modernización capitalista y la necesidad de crear orden, justicia y seguridad para la gran mayoría.

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