Y mientras de manera tímida, cuando debe ser temida, se dizque persiguen servidores públicos vinculados al crimen organizado, se mantienen intactos los mecanismos que permiten la opacidad, la impunidad y el uso discrecional de los sagrados recursos públicos en otros niveles gubernamentales, lo que evidencia que la corrupción no cambia según el cargo, sino de conformidad con el tamaño del presupuesto; y es así que vemos, esto a manera de ejemplo, obras públicas avanzando entre sobrecostos, contratos inflados, información reservada y fiscalización tardía, reflejando lo cual  ausencia de controles reales, connivencia  y tolerancia política a lo oscuro.

 No puede el país seguir cometiendo esta clase de errores, como tampoco viendo cómo grandes inversiones públicas terminan convertidas en símbolos de oscuridad, sobrecostos y, en el peor de los escenarios, tragedias humanas que hubiesen podido evitarse, lo que amerita que se cambie de una vez por todas el o los modelos de fiscalización de las obras públicas financiadas con recursos gubernamentales; de ahí que llame poderosamente la atención el hecho que muchos proyectos no obstante haber acumulado observaciones de peso de los entes de control sigan avanzado entre versiones oficiales que buscan reducir responsabilidades y esconder información bajo argumentos falaces; hechos que no son para nada aislados, sino consecuencia directa de una fiscalización que llega demasiado tarde y de un uso sistemático de la reserva de información que ha servido para ocultar más de lo que ha servido para transparentar; y es que cuando la fiscalización aparece después del daño, indica lo cual por sí mismo que no hubo prevención y por lo tanto queda apenas la constancia histórica de lo irreversible, lo que definitivamente tiene que cambiar.

 Camino a evitar desmadres, debe todo auditarse en tiempo real, durante la ejecución de las obras y no años después, cuando el dinero ya se gastó y las consecuencias ya son irreparables y tiene que navegar entonces en límites legales inaceptables, ya que no se puede intervenir sin autorizaciones discrecionales, ni acceder a información clasificada, debiendo esperar a que el daño esté consumado para actuar; esto es que cuando la fiscalización falla, no solo se pierden recursos públicos; sino confianza y hasta vidas humanas, lo que amerita normas respecto que ninguna información relacionada con el uso de recursos públicos puede reservarse bajo ningún argumento, puesto que el dinero público no es secreto y por ende deba intervenirse de inmediato cuando existan indicios de corrupción, sobrecostos injustificados, fallas estructurales o accidentes, tanto en el ejercicio fiscal como en ejercicios anteriores sin permisos discrecionales, sin pretextos burocráticos y sin zonas de impunidad.

 Perseguir a quienes cometan fallas de esta naturaleza en lo institucional es necesario, ya que nom es suficiente si al mismo tiempo se mantienen intactas las condiciones que permiten la corrupción en los niveles más altos del poder y en los proyectos más costosos del país, bueno esta ya de impunidad disfrazada en discurso y por gobiernos que prometen honestidad y entregan complicidad. No más inercia, Requerimos una verdadera opción de cambio para servir mejor a las familias colombianas, para defender los principios de patria, familia y libertad. Nuestras familias merecen seguridad, y merecen vivir sin miedo ni incertidumbre, lo que no se logrará mientras gobiernen quienes prometieron ser distintos y terminaron siendo lo contrario.

Tengamos en cuenta que la fiscalización oportuna no frena el desarrollo, sino que lo hace posible. No detiene proyectos, pero evita desastres. No genera desconfianza, sino que la reconstruye. Defender estas iniciativas es una responsabilidad constitucional, es defender la democracia, es dejar claro que en el país ningún cargo, proyecto ni poder puede estar por encima de la Constitución, mucho menos de la vida y la dignidad de los nuestros.

 

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