El principio de separación de poderes, defendido por Montesquieu, ha sido desdibujado de manera sistemática. La narrativa oficial parece empeñada en presentar a las cortes, al Congreso, al banco de la república y a los órganos de control como estorbos al mandato popular, cuando en realidad son trancas institucionales contra el abuso del poder. Según la lógica de Hans Kelsen, el control constitucional no es una incomodidad burocrática: es la garantía mínima para que ningún gobernante, por popular que sea, se crea por encima de la Constitución. 

Considero que el proyecto político ha fallado en la ejecución real de la justicia social. En ese sentido, la realidad es incómoda: la intervención estatal no se ha traducido, para las mayorías, en una mejora tangible de derechos fundamentales como la salud, el trabajo digno, la seguridad humana o el acceso efectivo a oportunidades. 

Lo que debía ser transformación social terminó, en muchos casos, pareciéndose demasiado a una burocratización del favor político. Y ahí está el punto doloroso para quienes defendemos ideas de izquierda: no hay nada más destructivo para un proyecto progresista que usar el discurso de los pobres, de las víctimas y de los excluidos como escudo para justificar la ineficiencia, el clientelismo o la corrupción.

Deseo enfatizar algo que rara vez se discute con la seriedad debida: lo desastroso no es solamente que haya escándalos, sino que frente a ellos se responda con evasivas, victimización o frases que rozan el cinismo político. Ver un gobierno envuelto diariamente en denuncias, investigaciones y nombramientos cuestionables, mientras el presidente afirma que no es mago para saber que sus funcionarios eran corruptos, resulta profundamente decepcionante.

Porque no se le exige al presidente ser mago. Se le exige ser Jefe de Estado. No se le pide omnisciencia; se le exige responsabilidad política. No se le reclama por no adivinar el futuro, sino por rodearse de personas cuestionables y pretender que la culpa siempre es de otros: de la prensa, de las cortes o de la oposición.

A mi modo de ver, cuando una administración que se presentó como defensor de la vida y la ética pública termina atrapada en explicaciones débiles frente a la corrupción, no solo falla. Hace algo mucho más grave: erosiona la fe pública en el sector democrático como alternativa ética. Y eso es devastador.

Porque cuando la izquierda falla éticamente, pierde su autoridad moral. Le entrega en bandeja las banderas de la transparencia a sectores que históricamente han vulnerado el Estado Social de Derecho. Deja a los verdaderos defensores de derechos humanos en una especie de orfandad política. Como señalaba Bobbio, la democracia es mucho más que votar; implica actuar y vigilar el poder. Los simpatizantes de este proyecto no pueden convertirse en una barra brava del ejecutivo; si renuncia a la crítica, renuncia a su esencia. 

Para terminar, el Estado Social de Derecho en Colombia no es un regalo del gobernante de turno. Es un compromiso con la justicia y la equidad. Mi conclusión es que el actual gobierno ha priorizado el culto a la personalidad y la herencia política por encima de la eficacia institucional. Como ciudadanos informados, nuestra labor —siguiendo a Tocqueville— es participar activamente para impedir que el Estado sea capturado bajo el disfraz de una transformación que se ha quedado más en palabras que en resultados.

Soy defensor de ideas socialistas. Por eso la paradoja más amarga es que un gobierno elegido para profundizar el modelo constitucional termine debilitándolo, y que un candidato que prometió esperanza termine siendo recordado por haberla erosionado.

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