Es cierto, la Ley 14 ¡de 1983! ordena actualizar cada cinco años los avalúos, y el Acuerdo fariano establece que, en máximo siete años, se debía concretar la actualización del catastro rural, pero ningún gobierno ha logrado cumplir esa obligación.

Así que, frente a problemas estructurales, malas son las soluciones que no surgen de análisis objetivos, sino de percepciones ideologizadas. Cuando el presidente reduce el problema a que, “los terratenientes no quieren pagar impuesto” el riesgo es la chambonada…

El artículo 49 de la Ley del Plan es un “mico disfrazado”, pues la actualización de los avalúos es un objetivo legítimo y por ello no alarmó........

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