La independencia judicial no es un elemento accesorio del sistema político, sino una condición necesaria para la estabilidad venezolana y para nuestro destino vital. Sin jueces autónomos no hay equilibrio de poderes ni garantías; y sin ellas la paz social se evapora. La experiencia reciente lo confirma.

El Tribunal Supremo de Justicia ocupa una posición central en el sistema judicial. Sus magistrados deben cumplir requisitos exigentes: formación intelectual, al menos quince años de trayectoria profesional, experiencia académica o judicial comprobada y dominio de la materia correspondiente a la sala que integran. No se trata de formalidades sino de exigencias constitucionales. La Constitución impide, por ejemplo, que un activista político sin trayectoria jurídica interprete la Carta Magna desde la Sala Constitucional. 

Tras la salida de Nicolás Maduro y la instalación de un gobierno interino, el país entra en una fase decisiva: reconstruir el Poder Judicial. Esa tarea no depende de declaraciones retóricas, sino de decisiones institucionales concretas.

Durante años el Tribunal Supremo dejó de actuar como árbitro entre poderes para convertirse en un actor en el proceso de consolidar la hegemonía política. La subordinación al Ejecutivo no fue episódica sino sostenida. A medida que el respaldo social del gobierno se debilitaba y la crisis económica se agravaba, el sistema judicial asumió un papel central en la preservación del poder. Las sentencias........

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