“Si el Tren de Aragua fuese literalmente un ferrocarril, Tocorón sería su estación central, la plataforma desde donde la mega banda controla la salida y la llegada de miles de presos y gestiona sus actividades delictivas en Venezuela, Colombia, Brasil, Perú, Ecuador, Bolivia, Chile y posiblemente Estados Unidos”, escribe la periodista venezolana Rhona Rísquez, Premio Gabo de Periodismo en 2016, amenazada por el gobierno depredador instalado en Caracas.

Su origen, como expresión de la criminalidad trasnacional que desborda la capacidad de los Estados y antes bien los coloniza para asegurarse espacios de actividad impune, podemos ubicarlo en el año 2013. Es la génesis del gobierno de Nicolás Maduro. Su programa de Zonas de Paz, administrado por José Vicente Rangel Ávalos, dispuso la entrega a las bandas delictivas del control de la violencia en los barrios caraqueños, en defecto de los cuerpos de policía.

Los colectivos armados por la revolución para su defensa, con el tiempo y en el marco de la crisis económica sobrevenida se transformaron en los verdaderos operadores del gobierno de la ilegalidad legalizada instalado en Venezuela y de su economía criminal. El delito pasó a ser un negocio estable. También es un instrumento de política pública.

“Tradicionalmente, las actividades del crimen organizado han sido descritas como la obra de actores irregulares que operan fuera del aparato estatal, actuando como una fuerza corrosiva para las instituciones estatales y la sociedad en general. Si bien esto suele ser cierto, más recientemente se reconoce cada vez más el papel del propio Estado en la perpetuación o participación directa de actividades criminales organizadas”, agrega Rísquez (El Tren de Aragua, La banda que revolucionó el crimen organizado en América Latina, 2023).

El caso es que el Tren de Aragua ya cuenta con 5.000 miembros regados por América Latina y Estados Unidos. La mega banda posee, además, un arsenal de fusiles AR-15 y AK-103 y granadas junto “a las habilidades y características particulares” que ha desarrollado hasta el punto de amenazar, ahora, a la seguridad hemisférica. No es poco, tampoco exageración.

Según la ONU, la modalidad del crimen transnacional organizado genera 870 mil millones de US $ al año. Son muchos sus ámbitos de actividad, desde el tráfico de drogas, el tráfico ilícito de migrantes, la trata de personas, el blanqueo de dinero, el tráfico de armas, las falsificaciones, el delito medioambiental, los delitos contra la propiedad intelectual y el patrimonio, hasta el cibercrimen. No por azar, en medio de la liquidez institucional de Occidente, el delito y su forma transnacionalizada, desde Estados controlados por satrapías y sus dictaduras socialistas del siglo XXI opera como una modalidad de guerra exterior. He aquí lo más delicado del asunto.

“Actos que antes se habrían considerado crímenes ahora pueden concebirse como actos de guerra. Por lo tanto, la distinción entre combatientes y no combatientes, a menudo codificada pero no siempre acatada en las pasadas guerras, [es] problemática en las guerras de quinta generación (G5G). También reflejan la confusión de las reglas de........

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