Comprender la realidad y el trasfondo de la «cuestión venezolana», como los alcances del proceso de extracción por las fuerzas militares norteamericanas del presidente de facto, Nicolás Maduro Moros y de su esposa, Cilia Flores, mediante una operación quirúrgica de represión criminal desplegada en Caracas el pasado 3 de enero en la que fallecieron los agentes cubanos de su anillo de seguridad, exige conocer a fondo y en su complejidad el contexto.

La pregunta que bulle y que se reduce, para las élites en el poder causahabiente y en sus asociados, adentro y afuera de Venezuela, es si la cuestión de la recuperación petrolera y, por añadidura, la de la mera reconciliación entre las víctimas y los victimarios que sumieron al país en el horror del mal absoluto, desmaterializando a la república y pulverizando a la nación, bastan para conjurarlo.

María Corina Machado, en su histórica intervención ante el conglomerado global petrolero reunido en Houston – leo la muy lúcida consideración de Elizabeth Sánchez Vegas – les habló de sus negocios y del ecosistema que demanda el éxito; como también para ganarse el afecto sincero del pueblo venezolano: “la gobernabilidad … la seguridad jurídica y la reconstrucción de un país que lleva demasiado tiempo reducido a ruina, arbitrariedad y saqueo”. 

Más de una década ha consumido la Corte Penal Internacional, a manera de ejemplo, en sus investigaciones sin destino cierto sobre los responsables de los crímenes de lesa humanidad que aún afectan a la población, mientras se acumulan los Informes de la Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela designada por Naciones Unidas (2020-2025). 

En uno de estos, el de 2020, reza que “las violaciones y los crímenes allí documentados pueden dar lugar a responsabilidad penal individual como crímenes de lesa humanidad y como delitos específicos establecidos en la legislación nacional. Las pruebas recabadas durante las investigaciones permitieron sostener, con motivos razonables para creer, que el presidente [Nicolás Maduro] tenía conocimiento de las violaciones y delitos y que en ocasiones daba órdenes al director general y a los directores de otras unidades del SEBIN. La Misión también constató que él o la vicepresidente [Delcy Eloína Rodríguez] conocía o debió haber conocido la comisión de esos delitos en el SEBIN. A pesar de que tenía la autoridad efectiva para hacerlo, no evitó los crímenes y violaciones ni los reprimió. La Misión también constató que Diosdado Cabello ejercía una influencia significativa dentro del SEBIN, a pesar de que durante el período examinado no tuvo una posición dentro de la jerarquía de la organización”. 

Simplificar lo ocurrido el 3 de enero como creer que se puede pasar la página sólo abriéndole las puertas al necesario acompañamiento del conglomerado petrolero y de sus inversiones, bajo la égida de los mismos responsables de la destrucción de Venezuela y omitiéndose los ominosos datos de la experiencia, es, por consiguiente, ganarse el camino seguro hacia el fracaso. Todo quedaría en ejercicio virtual y de utilería,........

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