En un país donde la impunidad por conductas delictivas oscila entre el 90 % y el 98 %, resulta difícil que amplios sectores de la sociedad reciban con confianza en la justicia la condena a 12 años de prisión domiciliaria al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Esa impunidad, que afecta al país en todos sus niveles, pone hoy sobre la mesa un profundo dilema en torno a la justicia: ¿por qué el caso del expresidente logró resolverse antes de prescribir, mientras miles de víctimas siguen esperando en la larga fila de la congestión judicial?

¿Merecía Álvaro Uribe Vélez, como expresidente, más garantías que cualquier otro acusado en un juicio penal? ¿Tenía cualquier juez de la República la capacidad de juzgar a un expresidente con el nivel de incidencia mediática........

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