La llamada Ley Serrano dejó de ser una discusión técnica sobre Inteligencia Artificial para convertirse en un problema político de alcance nacional. Aprobada el 13 de noviembre de 2025 por el Congreso de San Luis Potosí, la reforma impulsada por el diputado del PVEM, Héctor Serrano Cortés, incorporó al Código Penal los artículos 187 Ter, 272 Bis y 272 Ter para castigar el uso no autorizado de imagen o voz generada con IA, la desinformación dolosa y la manipulación institucional. Sobre el papel, el objetivo parecía razonable: evitar suplantaciones, montajes y contenidos falsos. El problema vino después, cuando la norma comenzó a aparecer vinculada a investigaciones y procedimientos contra comunicadoras y periodistas.

A seis meses de su aprobación, Artículo 19 y ciudadanos potosinos presentaron ante el Congreso local una iniciativa para derogar esos tipos penales, al considerar que son ambiguos, desproporcionados y susceptibles de utilizarse de manera discrecional contra la libertad de expresión. La organización advierte que la reforma no establece criterios claros para diferenciar la crítica legítima de una conducta sancionable y que fue aprobada sin la participación de periodistas, especialistas en derechos humanos o expertos en tecnología.

De hecho, el propio Serrano terminó por agravar el caso. Tras revelarse que denunció al periodista Juan Pablo Moreno Rodríguez, director de La Noticia, el legislador aseguró que buscará acreditar una presunta red dedicada a manipular información para afectarlo, aunque evitó precisar públicamente........

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