Apenas inicia el proceso de selección del relevo en la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y ya afloran intereses políticos, rencores y disputas por el control del máximo órgano de rendición de cuentas del país, que debe preservar su autonomía técnica.

Diversas voces han pedido transparentar la designación. Es indispensable verificar que quienes se registren no hayan estado afiliados a partidos políticos y confirmar la inexistencia de antecedentes penales. No solo debe revisarse el presente, también el pasado.

Si alguna persona aspirante laboró previamente en la ASF, deben conocerse con claridad las causas de su salida, pues podrían existir antecedentes relevantes que representen un impedimento. Se trata de evitar escenarios como los vistos recientemente en otros procesos de designación pública.

La relevancia del cargo es incuestionable: la ASF fiscaliza la Cuenta Pública, detecta irregularidades, promueve responsabilidades y fortalece la rendición de cuentas. Su labor no puede limitarse al impacto mediático de los informes; lo fundamental es el seguimiento a las observaciones y conocer qué ocurrió con los responsables de daños patrimoniales.

En días recientes se cuestionó la inclusión, a propuesta del presidente de la Comisión de Vigilancia, de la Asociación Nacional de Universidades para diseñar la metodología de evaluación y fungir como “testigo social”. Se ha hablado de la necesidad de una metodología pulcra.

No todas las universidades públicas presentan irregularidades; muchas ejercen sus recursos conforme a derecho y forman profesionales de excelencia. Sin embargo, los informes de la ASF muestran que una parte relevante registra montos observados en proyectos con gasto federalizado ejecutados mediante convenios o contratos sin respaldo suficiente. Ello habla de imparcialidad en la fiscalización.

En la revisión de la Cuenta Pública 2023 se auditaron a 35 universidades públicas: solo dos no tuvieron observaciones y en las 33 restantes el monto por aclarar ascendió a 611 millones de pesos. En la Cuenta Pública 2024, en educación, se detectaron hallazgos por 3 mil 989.7 millones de pesos en estatus “por aclarar”, incluidos más de 582 millones en una sola universidad del norte del país.

Ante ello surge una pregunta legítima: ¿quiénes integrarán el equipo que diseñe la metodología? ¿Perfiles técnicos de alto nivel o actores con intereses políticos? Lo deseable es que participen especialistas con trayectoria académica y experiencia técnica, no dirigentes.

La discusión no debe centrarse en ajustes de cuentas, sino en garantizar imparcialidad, rigor e independencia. La ASF no puede convertirse en botín político ni en pieza de estrategias coyunturales.

También se ha cuestionado si el personal de la institución debería participar. Desde mi perspectiva, es justo que quienes conocen su funcionamiento puedan aspirar. No solo los actores políticos tienen derecho a impulsar perfiles; existen personas con capacidad y compromiso institucional. Ese es el espíritu del servicio civil de carrera.

La prioridad debe ser un proceso transparente, con metodología sólida y evaluadores técnicos. Hay intereses en juego y la ciudadanía debe mantenerse atenta. Con el tiempo sabremos si la decisión fue certera o dudosa, incluso ante la posibilidad de reelección del actual titular, reconocido por algunos y cuestionado por otros. Así es la política: los aplausos y las críticas suelen depender más de intereses que de convicciones. Lo que dejan los cargos son las amistades.

EX COMISIONADA DEL INAI

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