La austeridad suena como una buena idea. Surge de una exigencia legítima de la sociedad frente a años de excesos, privilegios y corrupción en el ejercicio del poder público. Durante mucho tiempo, el Estado permitió estructuras infladas, sueldos desproporcionados y beneficios injustificables que generaron un profundo enojo social. En ese contexto, la austeridad encontró eco porque prometía corregir esos abusos y devolverle sentido al servicio público. 

Morena entendió esa demanda y la convirtió en una de las piezas centrales de su identidad política. La austeridad no solo fue una propuesta de gobierno, sino una bandera que le permitió conectar con el enojo social y construir legitimidad frente al pasado. El problema no es que exista esa bandera, sino lo que se ha hecho con ella. 

Hoy, la austeridad ha dejado de ser una política pública orientada a mejorar el uso de los recursos y se ha convertido en una narrativa que justifica decisiones de fondo sin discutir sus consecuencias. Bajo ese discurso, se simplifican temas complejos y se presenta cualquier recorte o cambio como si fuera automáticamente en favor del pueblo, aunque implique debilitar instituciones o concentrar poder. 

No es la primera vez. En nombre de la austeridad se eliminaron fideicomisos que financiaban áreas estratégicas como la ciencia, la cultura, la atención a víctimas y la protección a periodistas. El FONDEN, por ejemplo, desapareció sin que se construyera un mecanismo equivalente para atender desastres. 

Bajo esa misma lógica, se ha puesto en riesgo la autonomía de organismos que surgieron para limitar el poder, como el INAI, la COFECE o el IFT. Presentarlos como un gasto innecesario ignora que su función es evitar abusos del propio Estado y de los mercados. 

En materia electoral, la lógica es aún más clara. Bajo el argumento de austeridad, primero se intentó reducir senadores y ahora, con el Plan B, se busca disminuir regidores en los municipios e imponer techos presupuestales a congresos estatales desde el centro. Pero México es una república federal, no un sistema centralista. 

A esto se suma la intención -finalmente rechazada en el Senado- de hacer coincidir la revocación de mandato con la elección intermedia de 2027 para “ahorrar recursos”. En realidad, implicaba llevar a la presidenta a la boleta e influir en el proceso electoral. No era austeridad, era una decisión política con intenciones y efectos claros. 

El mismo patrón se repite en otros ámbitos. La reciente reducción a las llamadas “pensiones doradas” en entidades paraestatales y empresas del Estado como PEMEX y CFE, parte de un problema real, pero termina siendo injusta al no distinguir entre abusos y derechos adquiridos, violando el principio de irretroactividad.

Si realmente se quiere combatir el abuso, habría que empezar por quienes han utilizado el poder para enriquecerse desde el cargo público. Porque mientras se invoca la austeridad, también hemos visto a figuras de Morena envueltas en escándalos por propiedades, contratos y estilos de vida que contradicen su discurso. 

Ahí es donde se revela el problema de fondo. La austeridad dejó de ser una herramienta para ordenar el gasto público y se convirtió en un recurso político para justificar decisiones que, en realidad, buscan concentrar poder y reducir contrapesos. No se trata de gastar mejor, sino de gobernar con menos límites. 

La austeridad dejó de ser una política pública. Es una de tantas simulaciones de Morena por ganar popularidad mientras concentra poder.

POR IRAÍS REYES DE LA TORRE

DIPUTADA FEDERAL DE MOVIMIENTO CIUDADANO

© El Heraldo de México