El gobierno de México ha renunciado a hacer política. No es novedad su rechazo a negociar con las oposiciones, a quienes siempre ha ignorado. Pero ahora ya no acuerda ni se coordina siquiera con sus propios aliados. Y ese abandono del oficio político, cuando se trata de la Presidencia de la República, representa un riesgo de gobernabilidad, más allá de las intrigas internas del oficialismo. 

El 11 de marzo, por primera vez desde que el lopezobradorismo conquistó la presidencia, en 2018, los aliados de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde, votaron en contra de una reforma constitucional enviada por el Ejecutivo Federal, en este caso la reforma electoral. El 26 de marzo se aprobó en el Senado el “plan B”, pero sin el punto que más deseaba la presidenta: empatar la revocación de mandato con las elecciones de 2027. De nuevo, quien decidió frenar esa ambición fue el PT. 

Todo el sexenio, Palacio Nacional ha limitado sus contactos tanto con los coordinadores parlamentarios como con las dirigencias partidistas del PT y Verde, ninguneándolos. Al presentar la iniciativa de reforma electoral, quiso imponerla, pese a que la iniciativa afectaba intereses sensibles, como los plurinominales. Durante febrero e inicios de marzo, la presidenta fustigó a los partidos que no........

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