El gobierno de México ha renunciado a hacer política. No es novedad su rechazo a negociar con las oposiciones, a quienes siempre ha ignorado. Pero ahora ya no acuerda ni se coordina siquiera con sus propios aliados. Y ese abandono del oficio político, cuando se trata de la Presidencia de la República, representa un riesgo de gobernabilidad, más allá de las intrigas internas del oficialismo. 

El 11 de marzo, por primera vez desde que el lopezobradorismo conquistó la presidencia, en 2018, los aliados de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde, votaron en contra de una reforma constitucional enviada por el Ejecutivo Federal, en este caso la reforma electoral. El 26 de marzo se aprobó en el Senado el “plan B”, pero sin el punto que más deseaba la presidenta: empatar la revocación de mandato con las elecciones de 2027. De nuevo, quien decidió frenar esa ambición fue el PT. 

Todo el sexenio, Palacio Nacional ha limitado sus contactos tanto con los coordinadores parlamentarios como con las dirigencias partidistas del PT y Verde, ninguneándolos. Al presentar la iniciativa de reforma electoral, quiso imponerla, pese a que la iniciativa afectaba intereses sensibles, como los plurinominales. Durante febrero e inicios de marzo, la presidenta fustigó a los partidos que no apoyasen su reforma como “traición al pueblo”. Diversos legisladores del PT y Verde denunciaron engaños y amenazas crecientes desde la Segob para que se alinearan. 

En San Luis Potosí, el Partido Verde y Morena se amenazan mutuamente con romper la alianza rumbo a la gubernatura de 2027: el Verde insiste en postular a Ruth González, esposa del gobernador Gallardo, y Morena advierte que no irá en coalición si lo hace. En Zacatecas, ni la dirigencia del partido ni Palacio Nacional han logrado poner orden en la familia Monreal, cuyos pleitos están creando fisuras políticas, al grado de que Saúl Monreal amenaza con recurrir al Tribunal Electoral si Morena le cierra el paso a la gubernatura que hoy ocupa su hermano David. En Oaxaca, hay una guerra abierta entre el PT y el gobierno estatal de Morena. 

Morena es la primera fuerza política del país no sólo por obra del carisma de AMLO, sino gracias a una compleja alianza compuesta de cientos de actores con intereses diversos, cuando no enfrentados: desde sindicatos hasta caciques locales, pasando por empresarios y grupos violentos y de presión como la CNTE. Por ello, aunque parezca contraintuitivo, este tipo de hegemonías lejos de imponer deben negociar constantemente, hacer política para mantener equilibrios delicados. 

Cuando un régimen hegemónico, por soberbia o torpeza, deja de hacer política, no sólo se tropieza el oficialismo (como ocurrió con el “plan B”), sino que se pone en riesgo la gobernabilidad del país: cada facción y líder local empieza a tomar decisiones “por la libre”; la coordinación entre estados y Federación se enturbia; los necesarios acuerdos legislativos se traban; los grandes proyectos sexenales se congelan; los actores económicos toman nota de esta incertidumbre; los criminales aprovechan el caos; a Estados Unidos le funciona esta debilidad interna. 

El PRI, con todos sus defectos, entendió bien esto, y por ello negociaba, pactaba y acordaba constantemente, tanto con la oposición como con sus grupos internos, a quienes en gran medida institucionalizó (CNC, CTM). La dirigencia nacional del PRI y la Secretaría de Gobernación eran los pilares mediante los cuales la Presidencia hacía política todo el tiempo y con todo mundo, sobre todo para conciliar intereses enfrentados dentro del propio régimen. Gracias a eso se lograron cosas tan relevantes como la aprobación del TLCAN, o la transferencia pacífica del poder tras la derrota del año 2000, por mencionar dos ejemplos. 

Morena no ha tomado en serio esa dimensión del ejercicio del poder: negociar. Su estilo ha sido imponer, con mecanismos de castigo que van desde el linchamiento mediático hasta la persecución judicial. El sexenio pasado, el liderazgo de AMLO lograba aglutinar muchos intereses y esconder conflictos. Pero sin aquel carisma particular, las amenazas alcanzarán cada vez menos para compensar el oficio político de conciliar. Esto es sobre todo cierto para los aliados, quienes conocen bien los pecados del régimen, y tienen por ello más capacidad para el chantaje. 

Parecería lo contrario, pero entre más grande y poderoso un régimen, más necesidad tiene de hacer política, y más peligroso es imponer, porque son más los grupos e intereses que debe conciliar. En medio de una crisis de violencia interna; ante la realidad de finanzas públicas cada vez más apretadas; con Donald Trump como interlocutor en Washington; de cara a la renegociación del T-MEC; y con un proceso electoral en 2027 que pondrá en juego 500 diputaciones, 17 gubernaturas y más de mil ayuntamientos, por estas y cientos de razones más, en Palacio Nacional deberían considerar que hacer política y negociar no es signo de debilidad, sino de inteligencia y pragmatismo. Un gobierno que renuncia a la política no se ahorra conflictos: los acumula hasta que explotan. 

POR GUILLERMO LERDO DE TEJADA SERVITJE

© El Heraldo de México