A casi diez años de la publicación de la Ley de Atención y Protección a Personas con Autismo para el Estado de Baja California, el avance en materia de inclusión sigue siendo muy limitado.

Aunque el marco legal existe desde octubre de 2016 y ha sido objeto de reformas, la falta de reglamento -que debió expedirse por el Ejecutivo Estatal a seis meses de su entrada en vigor-, continúa siendo un obstáculo para su efectiva aplicación.

El trastorno del espectro autista no es una condición aislada. Se trata de una realidad presente en miles de familias que diariamente, enfrentan barreras estructurales para acceder a servicios adecuados. La falta de capacitación docente, la escasez de personal especializado y la inexistencia de protocolos claros en las escuelas reflejan una omisión institucional que no puede seguir postergándose.

Sin reglamento, la ley carece de operatividad. No hay lineamientos claros para su aplicación, ni mecanismos de evaluación, ni responsabilidades específicas para las autoridades. Esto deja a padres de familia, activistas y organizaciones civiles en un estado de incertidumbre, obligándolos a suplir con recursos propios lo que debería ser una obligación del Estado.

En el terreno educativo, las consecuencias son especialmente graves. Niñas, niños y adolescentes con autismo suelen enfrentarse a entornos escolares que no están diseñados para sus necesidades. La inclusión, en muchos casos, se queda en el discurso. Sin ajustes razonables, sin acompañamiento especializado y sin políticas públicas claras, el derecho a la educación se vuelve parcial y condicionado.

La autoridad educativa estatal tiene un papel clave en este asunto. No basta con reconocer la existencia del problema, es necesario actuar con decisión. La emisión del reglamento pendiente permitiría establecer criterios homogéneos, definir estrategias de capacitación docente y garantizar la asignación de recursos. Además, enviaría un mensaje claro de que la inclusión no es opcional, sino un compromiso institucional.

La experiencia recabada -y en Copase (Coalición para la Participación Social en la Educación)-, de las familias bajacalifornianas, evidencia que el tiempo perdido tiene costos reales: rezago educativo, exclusión social y desgaste emocional. 

Cada ciclo escolar que transcurre sin avances concretos profundiza estas brechas. Para cada persona con autismo, estas barreras no son abstractas, se traducen en oportunidades perdidas y en una participación social limitada.

Hoy, la exigencia es clara. La comunidad vinculada con el trastorno del espectro autista no pide privilegios, sino el cumplimiento de derechos. Publicar el reglamento no es un simple trámite, es el paso necesario para que la ley realmente funcione.

El Gobierno del Estado de Baja California tiene la oportunidad de saldar esta deuda. Postergarla no solo es omisión, es una forma de exclusión que afecta directamente a cada persona con autismo y a sus familias, quienes continúan esperando respuestas concretas por parte de las autoridades. La pregunta sigue siendo: ¿hasta cuándo?

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