Para millones de familias, no comer bien ya no es un estado habitual; es una incertidumbre diaria. Esa es la realidad para una de cada dos familias en México.

El derecho a la alimentación no es una aspiración; es una garantía constitucional. Está claramente escrito. Está reconocido en la ley. Y, sin embargo, para millones de personas no se cumple.

Y esa es la contradicción: un país con el derecho a comer en el papel, pero no siempre en la mesa.

Durante años, el Estado ha abordado este problema desde el punto de vista de la posibilidad. Podría implementar programas, podría establecer comedores, podría intervenir. Pero lo que la política pública quiere lograr no significa necesariamente hacer.

La diferencia entre “podría” y “debe” no es menor. Es la distancia entre la voluntad y la obligación.

Además, en 2018, la Federación también se retiró de la instalación y operación de comedores comunitarios, dejando en segundo plano una herramienta directa para atender a quienes más lo necesitan. Desde entonces, garantizar el acceso a la alimentación depende más de decisiones administrativas que del cumplimiento efectivo del derecho.

Por eso propongo reformar la Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible para establecer la instalación y operación de comedores comunitarios en el país. Lo planteé en tribuna y lo repito ahora: la iniciativa no crea un derecho nuevo, busca hacerlo efectivo para que el derecho a la alimentación deje de ser letra muerta.

Este modelo no parte de cero. Hay evidencia de que puede funcionar. En el país, experiencias como la de Chihuahua con el programa “Nutri Chihuahua”, demuestran que los comedores comunitarios operan de manera efectiva, brindan alimentos nutritivos en condiciones dignas a poblaciones en situación de vulnerabilidad. Lo que se ha logrado a nivel local confirma que es viable; el reto ahora es escalarlo al ámbito nacional y garantizar su continuidad como una política pública sostenida.

El desafío no es pequeño. El desarrollo de un sistema nacional como este exige coordinación, experiencia, disciplina y voluntad. Pero ese es precisamente el punto: cuando un derecho está en la Constitución, no puede depender de decisiones administrativas ni de la voluntad política del momento. Y eso es lo que ha ocurrido; el acceso a la alimentación ha estado más en el poder del gobierno para hacerlo que en su deber de garantizarlo.

En un país donde el derecho a la alimentación ya está reconocido, el problema no es la falta de nuevas políticas, sino la falta de cumplimiento de las que ya existen.

En resumen, es esta responsabilidad, sin matices, la que hoy deben asumir quienes gobiernan.

Datos que no pueden ignorarse:

* Uno de cada dos hogares en México enfrenta inseguridad alimentaria (ENSANUT 2022, INSP).

* Más de 46 millones de personas viven en pobreza.

* Millones de niñas y niños presentan problemas de nutrición que afectan su desarrollo.

* 7 de cada 10 migrantes en tránsito han reportado haber pasado hambre en el país.

POR MARIO VÁZQUEZ ROBLES

SENADOR DE LA REPÚBLICA

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO MUNICIPAL

© El Heraldo de México