La violencia política contra las mujeres en razón de género [VPRG] no es nueva, pero sus formas sí están cambiando. En entornos digitales, estas conductas se amplifican a través de perfiles sin identidad visible, lo que plantea un desafío evidente ¿cómo responder desde el derecho cuando no hay una persona identificable?

En un caso reciente, la Sala Superior del Tribunal Electoral analizó diversas publicaciones en redes sociales contra una candidata a magistrada de circuito. Se determinó que no existía calumnia, pero sí VPRG, al reproducirse estereotipos que desacreditaban su trayectoria; siendo que estas expresiones provenían de cuentas anónimas o falsas.

Frente a ello, se adoptó una medida novedosa: ordenar la inscripción de esos perfiles digitales en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en materia de VPRG. La decisión parte de una premisa clara: la falta de identificación no puede impedir reconocer la violencia ni activar una respuesta institucional, su finalidad no es combatir fantasmas sino a un flagelo que se trata de ocultar.

El registro de perfiles no sustituye la responsabilidad individual. Su función es visibilizar conductas, documentar patrones de agresión y generar condiciones para su eventual identificación. Es, en todo caso, un primer paso para adaptar las herramientas jurídicas a la lógica digital.

En este contexto, recientes medidas regulatorias en telecomunicaciones apuntan en la misma dirección. La obligación de vincular los números telefónicos a personas físicas o morales busca reducir el anonimato en los entornos digitales y fortalecer la trazabilidad de las comunicaciones.

Esto permite advertir que decisiones como la adoptada en el ámbito electoral no operan de manera aislada, sino que forman parte de un proceso más amplio de construcción institucional frente a la violencia y la desinformación en entornos digitales.

Sin embargo, el reto permanece. No toda expresión crítica constituye violencia, pero tampoco el anonimato puede ser un refugio para vulnerar derechos. El equilibrio entre libertad de expresión y protección de los derechos políticos de las mujeres sigue siendo central.

La justicia electoral enfrenta así un desafío progresivo: responder a fenómenos nuevos con herramientas en desarrollo, que buscan cerrar espacios de impunidad sin comprometer las libertades que sostienen el debate democrático.

Porque si la violencia evoluciona, la respuesta institucional también debe hacerlo. No de forma inmediata ni perfecta, sino paso a paso, construyendo soluciones que hoy pueden parecer limitadas, pero que mañana pueden ser decisivas.

POR DR. FELIPE ALFREDO FUENTES BARRER @FFUENTESBARRERA MAGISTRADO DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

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